En días pasados, cada uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresamos nuestros posicionamientos individuales sobre la propuesta de reforma a los Poderes Judiciales en México.
Reiteraré algunas de las ideas que, a título personal, expresé en ese primer foro de parlamento abierto, y lo hago con la misma convicción: me motiva el bien de nuestro país, un México ansioso de justicia, pues la ambición personal queda descartada al haber alcanzado en esta época de mi vida las metas profesionales que casi cualquier abogado anhelaría.
Hay un reclamo innegable de justicia que no encuentra satisfacción en el modelo actual.
En el pasado proceso electoral, la ciudadanía votó por un modelo nacional que abandera la idea de justicia social y, de acuerdo a la óptica de quienes triunfaron, ello implica transformar a todos los Poderes Judiciales del país, con claro énfasis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Podemos concordar en la necesidad de la reforma, en no dormirnos en nuestros laureles, en nuestro aislacionismo de gabinete jurídico, tenemos que abrir los ojos frente a una realidad que nos abofetea ante el reclamo de justicia.
Sin embargo, el sentido de la única propuesta de reforma constitucional a los Poderes Judiciales, tal como viene planteada, a mi parecer, no aportará soluciones al problema
de justicia.
¿La elección popular de las personas juzgadoras es la solución al problema?
De ninguna manera. Por el contrario, puede o, mejor dicho, lo acrecentará. Sobre todo si pensamos en una indeseable politización de quienes ocuparían los Juzgados de Distrito y los Tribunales en los circuitos judiciales.
La política pretende satisfacer mediante las promesas electorales las cuales, por cierto, suelen incumplirse.
La impartición de justicia tendría que ser objetiva e imparcial, sin más apego que a la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales.
En el dictado de una sentencia de forma por demás simplista habrá siempre una parte que pierda y otra que gana.
¿Cómo se valora en política electoral ese resultado?
La justicia habla en pasado, esto es, en cómo se resolvió tal o cual asunto.
La política habla en futuro, en lo que se promete y en lo que se cumple o incumple.
¿Cómo comparar este método con la carrera judicial?
Reformar por reformar es un sinsentido, se debe rescatar lo valioso y reformular lo que sea necesario para satisfacer el hambre de justicia.
Y una de las cosas que vale la pena resguardar y conservar es, precisamente, la carrera judicial como la fórmula de acceso al cargo por mérito, honradez y profesionalismo.
La responsabilidad de la persona juzgadora está en rendir cuentas sobre lo que resuelve, y no como candidato que vende ilusiones electorales.
El riesgo de politización será alto y eso no resolvería lo que la ciudadanía exige: justicia, pronta, expedita e imparcial.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PAL
