A dos meses de que sean publicadas las encuestas Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) y de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) por parte del INEGI, American Chamber (AMCHAM) se adelanta e informa que 8 de cada 10 de sus empresas afiliadas están preocupadas porque la ilegalidad las está afectando.
La misma proporción de empresas percibe que en México se hace valer poco o nada el estado de derecho; de manera particular 4 de cada 10 de ellas señalan que éste no existe, por lo que prevalece la percepción negativa sobre la aplicación de las leyes y la actuación de las autoridades mexicanas.
Lo anterior se desprende de la 10ª Edición del Sondeo de Seguridad Empresarial 2024 de la American Chamber México que aglutina 1,400 empresas que representan el 70% de la Inversión Extranjera Directa (IED) y un estimado del 30% de la fuerza laboral en nuestro país.
Entre las unidades económicas afiliadas a dicha Cámara figuran empresas extranjeras que realizan operaciones en México, nacionales que realizan operaciones únicamente en México y nacionales con operaciones en el extranjero. La mayoría cuentan con Oficinas corporativas, Plantas o Fábricas y Centros de Distribución en la CDMX, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Querétaro.
Un dato relevante es que el 12% de las empresas considera que el crimen organizado ha tomado el control parcial de la venta, distribución e incluso de los precios de sus productos.
Además el 60%, es decir 6 de cada 10 empresas, aseguran que son afectadas algo o mucho por la delincuencia común y organizada, principalmente por robo o asalto con violencia en contra de sus empleados, ataque al transporte de la cadena de suministro y extorsión virtual (telefónica). En tanto que 8 de cada 10 considera que han muy poca o nula coordinación entre las instancias de gobierno encargadas de la seguridad.
En razón de lo anterior la principal preocupación de las empresas consultadas es la seguridad para sus empleados y sus familias, seguida por la ciberseguridad y la seguridad física de sus instalaciones. De hecho 8 de cada 10 unidades de negocio manifestaron que la ciberseguridad es de alta prioridad, en especial las amenazas de acceso a su información y los ataques cibernéticos.
Todo lo antes mencionado se traduce en que el 58% de las empresas que forman parte de AMCHAM, es decir casi 6 de cada 10, tengan que invertir entre el 2% y 10% de su presupuesto anual en temas de seguridad, cifra idéntica a la del ejercicio anterior.
Peor aún, los directivos de las empresas asumen la inseguridad como un costo operativo adicional con enfoque en prevención, consistente en mantener centros de monitoreo, líneas telefónicas de emergencia, medidas de protección para empleados, entre ellas seguridad ejecutiva, así como planes de gestión y manejo de crisis.
Si bien las cifras presentadas por la AMCHAM son diferentes a las que recoge la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, lo valioso de su información radica en los detalles que ofrece y que el tamaño de la muestra fue de 218 empresas, que representan el 15% de las 1,400 que la integran, mientras que para la ENVE 2022, la muestra fue de 34 mil 443 unidades económicas de un universo de 4 millones 800 mil empresas que existían en ese entonces, que representa únicamente el 0.7%.
En suma, los datos difundidos por AMCHAM no solo son precisos y oportunos sino preocupantes y debieran llamar la atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para que volteen a ver al sector empresarial y tomen en cuenta sus aportaciones para las nuevas políticas públicas, estrategias y líneas de acción en contra de los grupos delictivos, tal como lo hizo en su momento la “Mesa de seguridad” de Ciudad Juárez, Chihuahua en 2010, donde los empresarios fungieron como eslabón entre la autoridad y la sociedad, algo que faltó a la administración que está por concluir.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
MAAZ
