La democracia mexicana vive hoy un momento de definiciones que será clave en el devenir de nuestra historia política: la correcta y justa asignación de diputadas y diputados federales; o se otorgan los espacios a cada fuerza política conforme a lo que en proporción le corresponde, o se ejecuta una maniobra para sobrerrepresentar a unos y subrrepresentar a otros y facilitar así, la imposición de un sistema de partido dominante en México.
Nuestro país cuenta, como forma de gobierno, con una democracia representativa y un sistema electoral mixto, lo que significa que una parte del Congreso es electo por el principio de mayoría relativa, es decir, con elecciones en distritos con ganador único, mientras que la otra se integra por legisladores electos por el principio de representación proporcional, por listas plurinominales.
Originalmente, el texto constitucional de 1917 sólo establecía la elección de legisladores por el principio de mayoría relativa; en el caso de los diputados, mediante una fórmula respecto al número de habitantes, y en el caso de los senadores la elección directa de dos por cada entidad federativa. Fue hasta varios años después, que se modificó la forma de elección para adoptar un sistema en el que convivieran ambos principios.
La reforma de 1963 abrió la puerta a los diputados de partido, mientras la de 1977 estableció la representación proporcional. La fórmula mixta de elección y su consecuente asignación de asientos en la Cámara de Diputados, ha tenido como efecto la sobrerrepresentación de partidos que han obtenido una considerable cantidad de triunfos por el principio de mayoría relativa.
En 1996 se introdujo en el artículo 54 de la Constitución, fracción V, una cláusula que serviría como candado a la sobrerrepresentación. El texto constitucional derivado de aquella reforma señala de manera expresa que “En ningún caso, un partido político nacional podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara de Diputados que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. El espíritu del legislador era el de evitar la conformación de mayorías parlamentarias artificiales e impedir que las minorías quedaran reducidas a los mínimos espacios de representación y actuación legislativa.
En los más recientes procesos electorales para la renovación de la Cámara de Diputados, ese límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación se ha sobrepasado debido a la existencia de coaliciones electorales. Además de los candidatos propuestos por los partidos políticos, existe la posibilidad de que estos sean propuestos por una coalición integrada por dos o más partidos. Una coalición electoral es una alternativa para impulsar agendas políticas comunes, para encarar procesos electorales con mayor fortaleza. Es indispensable que los votos emitidos por la coalición sean bien contados y correctamente destinados al escrutinio, cómputo final de la elección y asignación de las diputaciones.
Las elecciones del pasado 2 de junio dieron como vencedora a la coalición integrada por MORENA, PVEM y PT que obtuvo el 54 por ciento de los votos, mientras la oposición en su conjunto obtuvo el otro 46 por ciento, cifras que, de acuerdo con la voluntad popular, dan cierto equilibrio de fuerzas al interior de la Cámara de Diputados. Negándoles su tan cacareado Plan C.
Sin embargo, lo que MORENA y sus aliados pretenden, impulsados desde el ejecutivo y la titular de SEGOB, es que se les asigne el 72 por ciento de los espacios en la Cámara para contar con una mayoría calificada artificial y tener el control de las decisiones legislativas de nuestro país. De darse así la asignación de espacios, estaremos ante uno de los mayores golpes que una camarilla política haya dado a la democracia representativa de nuestro país y un atentado a la República y su división de poderes.
La cláusula establecida en la Constitución para evitar la sobrerrepresentación tenía la intención de que no existieran mayorías que aplastaran a las minorías parlamentarias en la deliberación de los asuntos legislativos, privilegiando los consensos y evitando las imposiciones de un grupo o hasta del Poder Ejecutivo, favoreciendo la inclusión y evitando las exclusiones políticas.
Sí lo que el oficialismo quiere es instaurar nuevamente el sistema de partido hegemónico, en Acción Nacional estaremos listos para dar la batalla en defensa de México, de la República, de la división de poderes, de la democracia representativa; no será la primera ni la última vez que lo hagamos.
Hacemos un llamado a las instituciones electorales, en particular al INE, a tomar decisiones a favor de México, a honrar los principios que dieron pie a la transición democrática, al pluralismo, a respetar la voluntad ciudadana y asignar los espacios de representación conforme a los porcentajes obtenidos por las coaliciones partidistas.
Asimismo, convocamos a los ciudadanos a estar atentos a las definiciones que se den sobre la próxima e inminente conformación de la Cámara de Diputados, a exigir juntos que el grupo mayoritario no obtenga más curules y que la asignación se lleve a cabo de manera justa y proporcional a los votos depositados en las urnas.
México necesita equilibrios institucionales. México necesita reconocer en su pluralismo, una gran riqueza para la construcción de su propio destino. México necesita una verdadera democracia representativa.
POR DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR GPPAN Y PDTE. DE LA JUCOPO
MAAZ
