Ninguna reforma, cambio o transformación, se da por generación espontánea, no nace de la nada jurídica, tras de sí hay un pasado, existen leyes, personas y actos, surge como una consecuencia de hechos que la preceden.
Siempre hay un presente que se niega a morir y un futuro que no acaba de nacer, es en estas condiciones que se están dando los conocidos Diálogos por la Reforma Judicial, tanto los organizados por el Congreso, como los del Poder Judicial de la Federación y ciudadanos abogados e interesados en el tema.
Lo que domina la conversación pública es la elección directa y secreta por la ciudadanía de los Ministros, Magistrados Electorales, Magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; se aducen pros y contras de ello, pero poco se propone como una solución que dé certeza a la sociedad justiciable de que no se afectará la función jurisdiccional.
No se trata de negociar el fondo de una reforma cuando emana de una mayoría que, indefectiblemente, acabará imponiéndola, la que sea. Tampoco se trata de descafeinarla o graduarla solo porque sí, sin embargo, la libertad de las personas, el patrimonio, trabajo, custodia de niños y adolescentes, inversiones, etc., de todos aquellos que hoy, infortunadamente, están en tribunales, no es cosa menor y debe representar para todos mucha seriedad y menos vehemencia histriónica.
Una propuesta para aterrizar la reforma judicial sin poner en riesgo la función jurisdiccional es establecer un marco jurídico en artículos transitorios que permitan darle inmediata vigencia sin atropellamientos que hagan desastrosa su implementación y pierdan su sentido original.
Propongo, primero, establecer que dentro del primer periodo propuesto, que va del día de la elección al 2030, se deje en el cargo a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito actualmente ratificados, ya que estos funcionarios han sido sujetos a rigurosos exámenes de aptitud y de desempeño, y después del 2030 que les sea aplicable la reforma.
Segundo, establecer que los actuales Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito aún no ratificados, sean objeto de un estudio riguroso de su trayectoria por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. De ser aprobados, continuarán en el cargo hasta 2030. Cuando el dictamen no sea favorable se deja abierta la vacancia y se procede conforme a la reforma.
Así, la puesta en marcha del nuevo marco jurídico se daría inmediatamente en aquellos casos en donde actualmente existen vacantes y en aquellos casos donde el dictamen judicial fuese no favorable por el Tribunal de Disciplina Judicial respecto de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito no ratificados.
Esto daría una operabilidad sensata a la reforma, reduciría significativamente sus costos de operación y riesgos de implementación, pero sobre todo y lo más importante, daría seguridad jurídica a la sociedad mexicana.
Son más propuestas.
POR ENRIQUE SUMUANO CANCINO
Contralor Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
MAAZ
