El llamado “segundo piso” de la Cuarta Transformación ha comenzado. La transición entre el gobierno saliente de López Obrador y el entrante, de Claudia Sheinbaum, tendrá un claro pasamanos: se trata de las primeras reformas constitucionales que la nueva legislatura discutirá y votará en septiembre próximo, cuando Morena y sus aliados estrenen su mayoría calificada.
Al finalizar la reunión con López Obrador, la presidenta electa anunció que la oleada reformista se hará por etapas. La postura asumida por Sheinbaum contradice al madruguete que protagonizó un día antes Ignacio Mier, diputado de Morena y coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quien precozmente declaró que las 20 reformas propuestas por López Obrador serían aprobadas antes de que finalice el actual sexenio.
Pero faltaba el acuerdo entre AMLO y Sheinbaum y era importante que la presidenta electa expresara públicamente su postura frente a las reformas. La modalidad adoptada es un claro mensaje hacia adentro y hacia afuera: se van a cuidar las formas. La legitimidad que se conquistó en las urnas no sustituirá al dialogo y a la política de frente a la sociedad.
La decisión de Sheinbaum fue segmentar la presentación de las reformas y priorizar, en esta primera etapa, la que tal vez genere mayor debate público: la reforma al poder judicial. Ya con los números prácticamente en la bolsa en la cámara de diputados y en la de senadores, encauzar el proceso de reforma por la vía del diálogo y el convencimiento, la presidenta electa buscará asegurar el mayor consenso social que sea posible.
A nadie escapa que el sistema de justicia mexicano necesita una sacudida. Se trata, posiblemente, del poder del estado más opaco y alejado a la ciudadanía. El acceso a la justicia de forma pronta y expedita es un unicornio blanco para la gran mayoría de la población.
Al incorporar la elección popular como método de selección de jueces y magistrados la reforma busca recomponer el nexo con entre el poder judicial y el resto de la sociedad, que ahora podrá conocer, evaluar y cotejar la trayectoria pública de los funcionarios a cargo de la impartición de justicia en el país.
Echar luz ahí donde reinaba la penumbra para así acabar con los pactos con los que una minoría se aseguraba una justicia a modo. Una premisa sencilla, pero que implica un cambio total en un poder que supo hacer del saber experto y la lógica corporativa una barrera infranqueable.
El anuncio de Claudia Sheinbaum fue el banderazo de salida del primer desafío del “segundo piso”: convencer a la sociedad que la democratización del poder judicial es el camino adecuado para tener un mejor sistema judicial.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
@ADRIANVR7
PAL
