Del 1 de octubre de 2023 al 26 de abril de 2024 han sido asesinados 57 personas relacionadas con la política, equivalente a una víctima cada 3.5 días. De ellas, 26 eran candidatos o precandidatos.
Estos lamentables hechos se dan en el marco del proceso electoral más copioso en la historia del país. Como en anteriores periodos similares, se hace presente una vez más la sombra de la violencia sobre la expresión más emblemática de la democracia: una jornada electoral y los meses que la preceden.
Como nadie reivindica los homicidios y pocos se esclarecen, no queda más que deducir, dado el contexto, que estos crímenes sirven a personas o grupos interesados en lograr recursos, complicidades o sometimientos. ¿Es el crimen protegiendo sus intereses, territorios, rutas y ganancias?
Permanecen sin homicidios vinculados a las elecciones, los estados de Baja California y Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.
Registran un homicidio las entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas; dos, Colima y Oaxaca; y tres, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Zacatecas.
Sin minimizar estos casos, puede decirse que la violencia con fines políticos electorales se concentra en Guerrero, con 11 homicidios; Chiapas, con ocho; Michoacán y Veracruz, con seis; y Estado de México, con cuatro.
En número de víctimas, Morena tiene 23, el PRI nueve, y el PAN siete; les siguen PVEM, PRD y MC.
Aunque lo más frecuente es el uso de armas de fuego para perpetrar los ataques, en abril se dieron dos casos en que se usaron armas blancas: el 19 de abril fue asesinado Noé Ramos Ferretiz, alcalde con licencia de Ciudad Mante, Tamaulipas, y candidato a reelección; y el 24 de mismo mes, Benjamín Adame Pereyra, subsecretario de Educación de Guerrero, agredido aparentemente por su apoyo a un candidato a la alcaldía de Chilpancingo.
El uso de objetos punzocortantes implica ataques más lentos, menos fulminantes, acaso más cruentos y traumáticos para la víctima y sus deudos, y menos seguros para el agresor. Extraño modus operandi, de cuya aparición en este proceso las autoridades habrán de tomar nota.
La intención de impedir de tajo una candidatura lleva al homicidio del candidato o candidata. Para disuadirlo, amedrentarlo o amagarlo, se registra desde años un recurso indirecto y bárbaro: el homicidio de un familiar o amistad de las personas candidatas. Dos de estos casos se dieron en abril, uno en Tehuitzingo, Puebla, y otro el 26, en Tetecala, Morelos.
Faltan 33 días para la jornada electoral, que es ya la más grande de la historia del país por los cargos de elección en disputa, y lo será por el número de candidatos. Lo es ya por el tamaño del padrón electoral y puede serlo también por la cantidad de votantes. A ello se suma un ambiente de alta y tensa competencia.
Además de la prioridad de salvaguardar vidas, blindar de violencia el proceso y la jornada del 2 de junio alcanza el carácter de importancia estratégica.
POR MAURICIO FARAH
ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS
@MFARAHG
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