La violencia no es una: son muchas. Son tantas las formas en que se manifiesta la violencia, que no es casualidad que ésta – junto con el crimen – sea la mayor preocupación de más de la mitad de la población de México: 55% según Ipsos.
Es un problema grave que afecta la vida diaria, el bienestar y el potencial de cada persona. Uno que se agudiza cuando se aproxima una contienda electoral para quienes buscan o ejercen un cargo de elección popular.
El número de políticos asesinados durante los procesos anteriores y el actual, evidencia la gravedad de la situación: en 2021 fueron 102 (87 hombres y 15 mujeres), mientras que desde junio del 2023 hasta el 12 de marzo de 2024, según un informe de “Laboratorio Electoral”, se registraron 43 asesinatos (37 hombres y 6 mujeres). Más vidas se han sumado a esa frustrante cifra de víctimas de la forma más extrema de violencia.
Tan justificada está la preocupación de la mayor parte de nuestros paisanos, y tan real es la amenaza, que gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad civil se esfuerzan para hacerle frente.
Un ejemplo es “Voto contra la violencia”, iniciativa que procura prevenir y frenar la violencia política en razón de género en los espacios digitales, por parte de Meta, Opinión 51 y Auna.
Desde el gobierno, resalta el “Plan de Seguridad para candidatas y candidatos”, mecanismo acordado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y autoridades de seguridad, destinado a dar protección a las y los candidatos a lo largo de la contienda.
Gracias a éste, de forma automática, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y de Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional, brindan seguridad a los presidenciales, aspirantes de las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX.
Sin embargo, las demás candidaturas federales (500 diputaciones y 128 senadurías); así como las candidaturas locales, para solicitar la protección de su vida durante la campaña, deben atravesar un proceso del cual, de por sí, es difícil pasar el primer filtro.
Comienzan por solicitar a su partido que envíe un oficio de petición al INE. Una vez recibido, los mismos partidos deben mandar un segundo escrito a la Mesa de Seguridad Interinstitucional. Los procesos internos de los partidos son complejos y, por lo mismo, toma bastante tiempo para que los documentos lleguen a dichas instancias.
Después de casi cuatro etapas, cuando las autoridades de seguridad por fin reciben las solicitudes, analizan si procede o no de acuerdo con valoraciones casi subjetivas. También, muy importante, solo se brinda apoyo si el o la solicitante han recibido y DENUNCIADO amenazas. Será complicado que las 73 personas que han pedido este apoyo lo reciban.
Si la violencia son muchas, quienes luchan para ponerle fin también debemos serlo. Denunciar y facilitar los procesos es un comienzo.
POR MARLENE MIZRAHI
COLABORADORA
@MARLENEMIZRAHI
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