El auge de la tecnología digital no sólo ha revolucionado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, sino también cómo concebimos los derechos fundamentales y la organización del poder. En este contexto emerge el concepto de "constitucionalismo digital", una propuesta que busca actualizar y adaptar los principios constitucionales al mundo digital, enfrentando las asimetrías de poder, las amenazas a los derechos fundamentales y las oportunidades que ofrece la tecnología.
El constitucionalismo tradicional surgió para equilibrar los poderes entre los actores dominantes de la sociedad y proteger los derechos individuales. En el siglo XVIII, la Ilustración, dio lugar a declaraciones como la de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que cimentaron la protección de libertades individuales frente al Estado. Sin embargo, estas estructuras fueron diseñadas para un mundo analógico, donde las amenazas a los derechos eran palpables, directas y limitadas en su alcance y trascendencia.
Hoy, la revolución digital plantea un reto comparable al de la industrialización en el siglo XIX o los avances científicos del siglo XVIII. Los derechos fundamentales, como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información, enfrentan nuevos desafíos y riesgos en un entorno donde tanto los Estados como las empresas tecnológicas ejercen un poder inédito sobre nuestras vidas digitales. Este desequilibrio exige una respuesta que garantice un marco justo para la coexistencia de derechos, libertades y poder.
En este panorama, surgen iniciativas como las "cartas de derechos en Internet" que, aunque no son vinculantes legalmente, cumplen el objeto de articular principios para proteger los derechos digitales en un entorno globalizado. Estos esfuerzos, promovidos por organizaciones civiles, académicos y ciudadanos, representan un esfuerzo por subsanar lo que Edoardo Celeste, autor de Digital Constitutionalism, denomina "anemia constitucional": un desajuste entre las normas actuales y la realidad digital.
Estas cartas de derechos, hay que decirlo, no buscan reemplazar las constituciones estatales, sino complementar y enriquecer el debate sobre cómo adaptar los valores fundamentales al contexto digital. Al hacerlo, permiten una amplia participación de actores sociales en la formulación de derechos para la era digital, contribuyendo así, a un proceso gradual y experimental de innovación constitucional dialógica.
Por su parte, el poder estatal ha encontrado en la tecnología un aliado formidable para vigilar y controlar a los ciudadanos y a las personas en general. Pero el verdadero cambio paradigmático, radica en la aparición de las grandes corporaciones tecnológicas como nuevos actores dominantes en el juego del y por el poder. Ello, porque estas empresas controlan las plataformas que usamos para ejercer derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información, lo que les otorga un poder similar al de los Estados, pero sin las mismas responsabilidades al encontrarse al margen de normativas aplicables de modo efectivo.
Además, es preciso reconocer que la digitalización amplifica tanto las libertades como las amenazas. Por un lado, facilita la participación de la ciudadanía, la organización de protestas y la difusión de ideas, como ocurrió durante la denominada Primavera Árabe. Por otro, exacerba riesgos como la desinformación, el discurso de odio y la invasión a la privacidad, entre otros. Estos desafíos evidencian la necesidad de una regulación adaptada al entorno digital, que equilibre las libertades y los derechos individuales con las nuevas formas de poder y control.
El constitucionalismo digital plantea un modelo inclusivo y adaptativo que reconozca la intersección entre lo físico y lo digital. Entre las propuestas más innovadoras está la creación de una "constitución para Internet", que no sólo consagre derechos específicos como el acceso a la red, sino que también articule principios de gobernanza para las plataformas digitales. Esto incluye la necesidad de garantizar transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana en la regulación del entorno digital.
La construcción de esta justicia futura requiere una aproximación multilateral y multinivel, que involucre a Estados, organizaciones internacionales, sociedad civil y actores privados. Sólo a través de este esfuerzo colectivo podremos desarrollar un marco normativo que responda a los desafíos del siglo XXI y proteja los derechos fundamentales en la era digital. El constitucionalismo digital no es una utopía, sino una evolución necesaria de los principios que han guiado nuestras democracias desde el siglo XVIII.
En un mundo donde lo físico y lo digital convergen, debemos repensar cómo protegemos nuestras libertades y limitamos el poder, garantizando un equilibrio que permita el desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y resiliente frente a los cambios tecnológicos. Este enfoque no sólo es una respuesta a las tensiones actuales, sino una visión audaz para una justicia futura verdaderamente universal.
Pensarnos y repensarnos, siempre redescribiéndonos de un mejor modo, es una ineludible obligación moral y social.
POR DR. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO DEL INFO CDMX Y ACADÉMICO DE LA UNAM
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