La amnistía como instrumento legislativo, otorga el perdón para ciertos actos delictivos que primordialmente están en condición de vulnerabilidad. El efecto de la Ley de Amnistía es extinguir acciones y sanciones penales solamente para 5 supuestos: comunidades indígenas, mujeres privadas de la libertad por abortar, delitos contra la salud en ciertas modalidades, robo sin violencia y cierta figura de sedición.
Bajo ninguna circunstancia se puede hacer uso la Ley de Amnistía para beneficiar a personas que hayan utilizado cualquier forma de violencia, mucho menos los que hayan agraviado la integridad física de personas o hayan utilizado armas de fuego, tampoco pueden ser beneficiarias de la dicha ley ninguno de los delitos contenido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considerados de prisión preventiva oficiosa.
La Ley de Amnistía solamente puede beneficiar a las y los imputados y sentenciados del fuero federal, por lo que existe una deuda legislativa en los congresos locales para adecuar la legislación local en beneficio de las y los análogos del fuero común.
El 21 de abril de 2021, una mujer condenada por delitos contra la salud por haber transportado mariguana fue beneficiaria de esta ley vigente, la condición acreditada fue su condición de extrema pobreza. Posteriormente, 2 mujeres tzeltal tenían sentencias condenatorias por el mismo delito, fueron beneficiadas, así como 11 personas con discapacidad permanente que fueron condenadas por su actividad de “mulas”, es decir, forzadas a transportar sustancias ilegales; así varios miembros de comunidades indígenas han tenido estos beneficios, por ejemplo, por carecer de intérpretes durante el proceso penal.
La Ley de Amnistía le ha cambiado la vida a casi 380 personas que han sido beneficiadas por diversas condiciones contempladas en la norma, donde plenamente se ha acreditado que la prisión para estos casos en particular es improcedente al vulnerarse los derechos humanos de las y los procesados y sentenciados.
A la fecha se han presentado 2,336 solicitudes ante la Comisión de Amnistía integrada por la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Bienestar y la ahora la Secretaría de las Mujeres, así como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Más de 1,600 fueron rechazadas en virtud de no ajustarse a los criterios que la propia ley señala, la mayoría por ser delitos del fuero común o al encontrarse en la clasificación de delitos de prisión preventiva oficiosa.
Las y los diversos jueces que llevan estas causas son quienes pueden o no aceptar los supuestos de la Ley de Amnistía, la familiarización con esta figura en el poder judicial es otra condición que debe estrecharse cada vez más para beneficiar a la gente más marginada de nuestro país que, por ignorancia o su condiciòn económica, permanecen en prisión.
Solamente 14 entidades federativas tienen la Ley de Amnistía: Tlaxcala, BC, Campeche, Hidalgo, Morelos, Nayarit, NL, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Estado de México y Guerrero.
La última reforma a la Ley de Amnistía federal, amplió la facultad de la titular del Poder Ejecutivo para liberar o indultar a personas de manera directa y sin intermediarios, la Comisión de Amnistía continúa en sus funciones, pero esta última facultad podría beneficiar a miles de personas que injustamente viven el terror de la prisión indebidamente.
POR RICARDO PERALTA
COLABORADOR
@RICAR_PERALTA
PAL
