En fechas recientes hemos visto una gran campaña de desinformación contra la Reforma a la Ley del Infonavit, especialmente en cuanto a los recursos y en lo que respecta a la empresa filial para la construcción de viviendas. Los cambios propuestos representan un aspecto crucial para garantizar vivienda digna y mejorar la transparencia del instituto, así que revisemos los cambios propuestos, desmontemos las mentiras y valoremos su impacto real.
El Infonavit es una institución con una gobernanza tripartita, donde el gobierno, trabajadores y el sector empresarial colaboran en conjunto para asegurar el acceso a vivienda digna a los trabajadores. Una parte del financiamiento del Instituto proviene del salario de los trabajadores. Dicho recurso se canaliza a cuentas individuales que, en conjunto, conforman el Fondo Nacional de la Vivienda. Este modelo ha permitido a los trabajadores acceder a créditos para adquirir una vivienda.
La reforma plantea distintos avances. Primero, busca garantizar que el manejo de los recursos del Infonavit sea más transparente y sujeto a auditorías externas. En el pasado, sectores reacios a la supervisión obstaculizaron las revisiones externas, argumentando que los fondos eran privados. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente al declarar que, aunque los ahorros de los trabajadores son inviolables, las operaciones del Instituto tienen un impacto público y, por tanto, deben ser auditadas. Esta decisión permitió investigar casos de corrupción como el fraude de Telra Realty, entre otros.
La reforma también propone una reestructuración de la integración tripartita de la Asamblea General para fortalecer la toma de decisiones y homologar su funcionamiento con el del IMSS. Con esta nueva estructura, los trabajadores tendrán mayor certeza sobre el destino de sus ahorros, eliminando focos de corrupción y garantizando una asignación justa de créditos. Además, la Auditoría Superior de la Federación tendrá un rol clave en la supervisión, con facultades para rastrear el flujo de recursos y prevenir nuevas irregularidades.
Otro aspecto central de la reforma es la creación de una empresa filial para participar en la construcción de vivienda social. Este modelo no implica el uso de recursos federales, sino que se financiará con el remanente del presupuesto de operación del Instituto. De acuerdo con el extitular del organismo, para 2024 se prevé que el remanente alcanzará una cifra importante, derivada de un presupuesto de cerca de 19 mil millones de pesos, de los cuales hasta septiembre de este año se habían gastado 11 mil millones. Este remanente será para iniciar las operaciones de la filial y garantizar el cumplimiento de su objetivo social.
Es importante aclarar una de las principales mentiras difundidas sobre esta reforma, la supuesta disposición que tendrá el gobierno de más de dos billones de pesos del Infonavit. Este dato es completamente erróneo. Los activos totales del Instituto, que incluyen hipotecas y fondos de inversión, ascienden a esa cantidad, pero no representan recursos disponibles. La reforma no pone en riesgo el ahorro de los trabajadores, sino que busca fortalecerlo mediante un manejo más eficiente y transparente. Finalmente, cabe destacar que esta reforma no transforma la esencia del Infonavit. El Instituto continuará operando como hasta ahora, con la gobernanza tripartita, otorgando créditos y administrando los fondos de los trabajadores, con la diferencia de que ahora contará con herramientas adicionales para fortalecer su misión social.
En un momento donde las noticias falsas buscan desvirtuar las propuestas del gobierno, es crucial analizar las propuestas con base en hechos. La reforma al Infonavit representa un paso firme hacia la justicia social, la transparencia y el fortalecimiento de uno de los derechos más fundamentales: el acceso a una vivienda digna. Es hora de dejar atrás las mentiras y apoyar los cambios que realmente benefician a los trabajadores de México.
POR ARTURO ÁVILA
PAL
