Alana tenía solo ocho años cuando fue asesinada, hace tres semanas, por la brutalidad de policías que todo lo hicieron legal y técnicamente mal. La pequeña fue herida de muerte por tres de las 30 balas que impactaron la parte trasera de la camioneta de su padre, en que viajaba junto con su hermanita.
María Paulina Almazán apenas alcanza a describir el infierno que desató el feminicidio de su hija: "Milagrosamente sobrevivió mi otra hija, porque si ustedes hubieran visto cómo quedó la camioneta, usaron armas de alto poder que violan cualquier protocolo de autoridad. Mi hija pequeña de milagro está viva, con un trauma enorme y nuestra familia completamente destrozada”.
Poniendo El Dedo en la Llaga, el abogado Pablo González Sierra enlista las irregularidades cometidas en ese abuso policial: esa mañana, el empresario Alan Pérez llevaba a sus dos hijas al colegio. Un automóvil sin insignias oficiales ni torreta y con los vidrios polarizados, le cerró el paso. De él descendió un hombre armado, por lo que Alan y su escolta, Herminio Gutiérrez, al no saber de quién se trataba, bajaron de su camioneta con armas en mano. Se desató el enfrentamiento. El abogado documenta que en total fueron ocho agentes policiales y que uno de los tres vehículos que usaban era de uso particular.
Muchas violaciones al debido proceso para un operativo montado con el propósito de ejecutar una orden de aprehensión contra Alan Pérez, acusado de una presunta tentativa de feminicidio que habría cometido el viernes, es decir, cuatro días antes. El abogado González Sierra cuestiona también que para el lunes siguiente ya lo había acompañado a la fiscalía para acreditar todas sus actividades del día del supuesto delito, demostrar así su inocencia y no fue detenido. ¿Por qué entonces el operativo del martes en que los policías terminaron asesinando brutalmente a la pequeña Alana?
El nuevo fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, quien llegó al cargo al inicio de febrero con la expectativa de desterrar las malas prácticas permitidas por su antecesor, está atrayendo el caso. La procuradora de Derechos Humanos del estado, Karla Alcaraz Olvera, dice que en su oficina ya hay una investigación abierta, a partir de la denuncia en contra de los policías ministeriales.
Alan Pérez, el padre de Alana, está en prisión preventiva acusado de homicidio en grado de tentativa en agravio de esos agentes. Su pareja, María Paulina Almazán, señala que no la dejan verlo: “como no estamos casados, nos dicen que las actas de nacimiento de nuestras hijas no son suficientes para demostrar que tenemos una relación”, lo que entorpece aún más los esfuerzos de su defensa.
En San Miguel de Allende, donde sucedió la tragedia, se sabe que la denuncia de intento de feminicidio contra Alan Pérez habría sido interpuesta por su propia hermana, Elaine, con quien habría sostenido una disputa de mucho tiempo por propiedades. Todo mal.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) dice que en 2024 se registraron 2 mil 243 asesinatos de menores de 17 años, 6.5 por ciento más que en el año anterior. Inaceptable. Pero además de evitar que siga sucediendo, debe haber justicia para todos ellos al igual que para Alana.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
COLABORADORA
@ADRIDELGADORUIZ
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