Andrés Manuel López Obrador, como el personaje de la novela de Dickens, se niega a abandonar la Presidencia, y se establece como una presencia en los pasillos de Palacio Nacional. Es una presencia fantasmagórica, en ese lugar de decisiones, pero también tiene una presencia física. Despacha cerca de la oficina de la Presidenta y supervisa cada decisión y, además, toma las propias cuando así lo considera conveniente.
Su presencia, virtual y real, solamente confirma el dilema que enfrenta Claudia Sheinbaum, como Presidenta de la República. Tiene el reto enfrente de su oficina, todos los días. Encara un poder aún mayor que el propio. Y, sin embargo, es nominalmente la jefa del Ejecutivo federal.
Es importante reconocer la realidad, para poder atender los requerimientos de una nueva e insólita situación del poder escindido. Al reconocer el doble poder que gobierna a México, se pueden explicar tantas cosas que suceden en el ecosistema morenista.
Resulta que hoy AMLO goza del poder que tuvo en 2018, con la mayoría calificada, pero que no supo qué hacer con él. En 2021, cuando perdió la mayoría calificada, entendió, por primera vez, lo que tenía que hacer para perpetuarse en el poder. Convirtió al gobierno federal militantemente en su partido y usó el presupuesto, incluyendo el endeudamiento del país, como arma para literalmente hacer que el país votara por su partido y su candidata. Él organizó al ejército, lo dirigió en todas sus etapas electorales y considera que la victoria es suya.
Justo por primera vez cuando ya sabe cómo hacerse de todo el poder, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le obliga a alejarse para siempre del poder y de la Presidencia. Considera que esa restricción es absolutamente injusta. Pero, además, ¿de cuándo para acá la Constitución ha sido obstáculo para lograr algún objetivo? ¡Nunca! La Constitución se acata solamente cuando conviene a sus intereses y proyectos. Cuando no, pues no. Igual con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se le ignora cuando no respeta los deseos del Presidente. Es más, se elimina la SCJN de la Constitución cuando es un obstáculo inaceptable.
La agenda de la Presidenta que ganó las elecciones en junio es la agenda de AMLO. Obviamente que ella afirma, categórica, que es su agenda. Pero ha de reconocer, ya estando en la cúspide del poder, que por obra y gracia de la destrucción del Poder Judicial su sexenio transcurrirá sin justicia funcional. Al aceptar que continúe el demencial proceso de desmantelamiento de las instancias de impartición de justicia, ella condena a México a ser un país sin ley durante su sexenio y posiblemente el siguiente. Y acepta la politización de la ley y la justicia en México.
Ella será la responsable de la irresponsabilidad de las decisiones e imposiciones de AMLO. Y lo es porque permite que exista en México el doble poder. Existe el poder nominal de la Presidenta y el poder omnipresente del ex (?) Presidente López Obrador.
Además, al haber nombrado a su hijo como líder del partido Morena, AMLO dedica su tiempo a lo que hizo como Presidente: a preparar las elecciones de 2027 para encumbrar a sus cuadros fieles en la Cámara de Diputados y en gubernaturas. De esa forma podrá seguir controlando no solo al partido, sino a la mayoría parlamentaria, la agenda legislativa y más: la agenda de la Presidenta del 2027 y al término de su gestión en 2030.
Y lo que será lo más importante y como culminación de su “obra” política: nombrar al candidato presidencial y al candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2030.
Las señales de conflicto en el mecanismo del doble poder se han divisado en diferentes momentos, especialmente en el accidentado proceso legislativo. Cuando avanzó el proceso de eliminar la capacidad de la SCJN de anular cambios constitucionales aprobados por el Congreso, en la llamada “Supremacía Legislativa”, la Presidenta expresó, con cierta ingenuidad, que no estaba enterada de la intención. ¡Claro que no lo sabía! Fue ordenado por López Obrador directamente a los líderes parlamentarios, sin consulta previa con la Presidenta.
El nombramiento de la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la persona de Rosario Piedra fue en contra de la candidata expresa de la Presidenta, que era Nashieli Ramírez Hernández. AMLO impulsó a Piedra, y ganó la votación, contra Ramírez Hernández. Fue una confrontación directa entre la Presidenta y AMLO, donde, aparte de definir la Presidencia de la CNDH, fue un ejercicio para saber quién controla a los senadores y diputados en México. El resultado es evidente.
El Congreso ha sido el foro más notorio del doble poder en México, pero no es el único. Otro espacio de conflicto, es la política de la Presidenta ante el crimen organizado. Omar García Harfush es un personaje que López Obrador detesta con particular fervor, puesto que cuenta con toda la confianza de la Presidenta.
A pesar de que el Congreso le otorgó poderes plenipotenciarios en el combate al crimen organizado, esa directriz va directamente en contra de las políticas conciliatorias de AMLO. Harfush implementa una política de activa confrontación con el narcotráfico y de defensa de la ciudadanía, lo cual arruina las negociaciones que tanto AMLO como Adán Augusto López sostuvieron con el Cártel de Sinaloa.
El analista de seguridad, José Luis Pliego, ha analizado los obstáculos puestos a la tarea de Harfush por operadores de AMLO en todas las instancias del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, contrarios a la Presidenta. A Harfush le demoraron la aprobación de sus nuevas funciones hasta casi el término del periodo legislativo. Y hubo una reducción presupuestal enorme a la SSC, acordada en la Cámara de Diputados.
Tampoco le han sido transferidos casi 10 mil elementos de la carrera policial, desde la Guardia Nacional, como sabotaje desde el Ejército al secretario de Seguridad Ciudadana. Tampoco le han sido entregadas más de 50 instalaciones estratégicas en todo el territorio nacional. Tampoco le han entregado aeronaves que son propiedad de la secretaria. Todo esto, cortesía de la nueva secretaria de Gobernación, y ex secretaria de Seguridad Ciudadana. No le han entregado armas que son propiedad de la secretaria.
Por último, las mesas de paz que operaban dentro de Seguridad Ciudadana abruptamente fueron transferidas a Gobernación, restando a Harfush capacidad de contacto ciudadano.
En resumidas cuentas, desde el Poder Legislativo, del Ejército y Gobernación le hacen la guerra a Harfush. Esa ofensiva contra Harfush lleva el sello distintivo de López Obrador. En esencia, esas instancias no parecen avalar una política de enfrentamiento y contención al crimen organizado, sino, más bien, parecen avalar la política obradorista de pactar con el narco, bajo el disfraz de “abrazos, no balazos”. Y sabotear a Harfush es sabotear a la Presidenta.
Toda esta ruta describe de la imposibilidad del doble poder en México. Y representa graves peligros para la paz y la estabilidad institucional en México. El hilo se romperá por lo más delgado. La gran pregunta es: ¿cuándo?
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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MAAZ
