México es el país con el mayor consumo de comida chatarra entre los niños de América Latina, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
El dato suena fuerte, estamos hablando de más de que 5,7 millones de estudiantes de entre 5 a 11 años tienen obesidad, cifra que llega a los 10,4 millones entre los 12 y los 19 años, de acuerdo a la última Encuesta de Salud y Nutrición, del INEGI.
Según los expertos, el problema de obesidad que aqueja a los niños mexicanos está muy relacionado con su consumo de comida chatarra al interior de las escuelas, y es que no todas las escuelas públicas cuentan con un encargado de la nutrición de los menores y quien sea el que dicte lo que se puede o no vender en los centros educativos.
Sabemos bien, también, que las famosas cooperativas de las escuelas son toda una mafia, la lucha por quien las maneja y lo que en ellas se vende es común en los centros educativos, y al final a nadie le importa si los alumnos consumen productos saludables, sino lo importante es que compren, y lamentablemente la comida chatarra siempre es lo más barato.
¿A qué va todo esto? Estamos a cinco meses de que las escuelas públicas de México deban cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-051, que evita los excesos de sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas y calorías; de no acatarse, las escuelas podrían recibir multas superiores a los 90 mil pesos.
Lo anterior lo anunció hace unos días el recién nombrado secretario de Educación, Mario Delgado, quien no dejó muy claro cómo será el proceso para cerciorarse que las escuelas efectivamente dejen de vender productos chatarra en su interior, ni cómo evitarán la vendimia que se coloca sobre las banquetas, principalmente a la hora de la salida de los estudiantes.
Es una buena forma de meterle miedo a los directivos de las escuelas, quienes al final son los que deciden qué se vende y qué no a la hora del recreo, así como quien maneja las cooperativas, sobre todo porque si es verdad que las multas serán tan elevadas, muchas de las escuelas no cuentan ni con ese dinero como presupuesto, menos podrán pagar por vender comida chatarra.
La medida es buena, si lo que se quiere evitar es que los menores coman productos altos en grasas, azúcares, etc.; sin embargo, lo importante es que se cumpla, cosa que se ve muy complicada, sobre todo porque se necesitan supervisores en cada escuela que estén al tanto de lo que pasa y lo denuncien, ¿quién hará ese trabajo y cómo se logrará?, ahí está el detalle –diría Cantinflas–. Dudo que los directivos de las escuelas se autodenuncien.
La otra cuestión es cómo evitar los puestos de comida chatarra que se colocan a la salida de las clases, a esa gente quién la controlará y si reinciden cómo se les castigará o qué pasará con esos comercios ambulantes. No sabemos.
Falta, de igual manera, exigirles, ya no pedirles, a los padres de familia, que controlen la dieta de sus hijos y estén al tanto de lo que comen; recuerdo que durante la pandemia hubo casos de menores que subieron más de 20 kilos porque comieron en exceso chatarra debido la ansiedad generada por el encierro y a la falta de supervisión de los padres, quienes se las vieron negras para mantener a flote sus hogares.
Sin duda, se trata de un problema muy complejo que requiere cambios de fondo, en el que se eliminen vicios del pasado, ¿quién de nosotros no recuerda haber comprado comida chatarra durante la primaria, secundaria y bachillerato?, hablamos de décadas de consumir estos productos en los centros educativos.
POR KARINA ÁLVAREZ
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