La continuidad es parte esencial de cualquier modelo de éxito en el mundo. De esto da cuenta la entrevista que sostuvo Omar García Harfuch el pasado mes de agosto del 2022, con un medio de comunicación internacional, en donde describió la manera en cómo reforzaron las estrategias y se ampliaron facultades en el combate a la violencia en la policía de la CDMX.
Esta serie de modificaciones lograron traducirse en una disminución de las capacidades sustantivas del cártel local de la Unión Tepito, bajar la percepción de inseguridad en toda la capital del país, así como en la reducción de la tasa de asesinatos en la urbe más poblada de todo México. Los resultados no son poca cosa.
Al respecto, analistas coincidieron en que las políticas implementadas en la ciudad del centro del país han rendido frutos para aminorar actividades criminales, pero, al mismo tiempo, han destacado la necesidad de consolidar pasos determinantes, incluso poner un alto a la intervención de militares los cuales hoy en día, no son necesarios para salvaguardar la integridad de civiles en la Ciudad de México, la sexta urbe más poblada del planeta con 9.2 millones de residentes.
En este sentido, parecería que estas señalizaciones son adecuadas; sin embargo, al escuchar y dilucidar el mapa delictivo y la nomenclatura criminal en el país, se aprecia que la estrategia de seguridad en todos los estados no puede replicarse de la misma manera y con las mismas características, debido a que la sintomatología que existe en algunas zonas, no necesariamente se replica en otras tantas.
Por esta razón, la inteligencia en sus diferentes derivaciones es clave para extender círculos de protección, vigilancia y perfilamiento de los grupos criminales que actúan en todo el país.
Pero la inteligencia policial es solo un brazo (sustancial), aunque no condicionante, de todo lo que se requiere para instrumentar e iniciar un cambio histórico y efectivo en la lucha contra la delincuencia organizada y sus diversas ramificaciones.
En ese orden de ideas, la aplicación e instrumentación de un nuevo modelo y paquete de facultades de investigación y coordinación como el que se decidió poner en marcha en la CDMX, cuando el ahora secretario de seguridad ciudadana a nivel federal, era el titular de esa misma dependencia en la capital del país, marcó dos nuevos tópicos que vale la pena describir y analizar para comprender lo que viene como resultado de la última reforma que acaba de ser aprobada en el H. Congreso de la Unión en México en fechas recientes.
Vale la pena ir por partes. En primer lugar, a partir del 2020, los agentes de la SSC-CDMX, no solo se enfocaron en tareas preventivas, sino en la investigación para romper con el monopolio ministerial que hasta ese entonces existía en toda la demarcación. Un hito de innovación no solo procedimental, sino jurídica.
Antes de las modificaciones legales, expuso el secretario, los oficiales de la CDMX solo podían lograr arrestos si sorprendían a las personas delinquiendo, en revisiones u horas después de perseguir a quien cometiera un homicidio, robara un coche o una casa.
Luego de todo eso, el caso quedaba en manos de autoridades ministeriales y eso contribuyó a la frustración de aquellos que relataban su caso a la policía, cuando ellos no tenían facultades para darle seguimiento.
Para modificar esta situación, la reingeniería de procesos, pero sobre todo, el correcto entendimiento de la cadena de custodia e investigación, fue el primer paso hacia la construcción de un nuevo modelo policial de calidad, cuyas directrices estuvieran encaminadas a fortalecer las capacidades operativas y de investigación que los policías en su calidad de primero respondientes tenían para nutrir las averiguaciones previas en contra de la delincuencia organizada y sus respectivas ramificaciones.
“Hoy la policía participa de manera activa en la integración de carpetas de investigación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México -porque somos un mismo equipo-, tenemos y podemos dar seguimiento a cada delito desde que ocurre, a complementar la investigación, hasta lograr la detención de estas personas, ya no solo por flagrancia”.
Esta declaración da lugar al segundo pilar de la nueva estrategia de seguridad en la CDMX: la coordinación institucional entre la policía y la Fiscalía de la Ciudad de México, todo ello, con el propósito de articular, de mejor manera, las carpetas de investigación y facilitar su integración con la finalidad de no caer en vacíos procedimentales y normativos que se tradujeran en la liberación de los delincuentes, después de ser aprehendidos o presentados ante un juez.
Además, el jefe de la policía capitalina (en ese entonces), destacó que se han reencauzado tareas al área de inteligencia, porque los policías pasaron de recopilar información para uso interno, al hecho de aportar datos de prueba que pueden ser integrados en una carpeta de investigación y ser valorados por un juez como elementos complementarios al caso en cuestión.
Todos estos antecedentes explican lo que hoy en día tratarán de ser replicados a nivel nacional mediante las modificaciones que han sido aprobadas la tarde del pasado jueves 21 de noviembre mediante el proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron modificaciones al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad.
Esta reforma amplía las competencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De esta manera, la dependencia será la encargada de dirigir y coordinar la estrategia nacional de Seguridad pública y el Sistema Nacional de Inteligencia.
La llamada Supersecretaría contará con amplias atribuciones como la investigación de los delitos que compartirá con el Ministerio Público y la Guardia Nacional. También tendrá autorización para coordinar a los tres niveles de Gobierno en el país y con ello el poder de fiscalizar los recursos federales que van destinados a los Estados.
De lo que se trata (se puede inferir), es que esta nueva dependencia adquiera el control en la creación de los ciclos de inteligencia a nivel nacional, las redes de informantes, los métodos de investigación de las cadenas de custodia y, por supuesto, los procesos que deriven en una adecuada judicialización de los casos del fuero común y la delincuencia organizada.
Aún esta por verse si esta nueva reorganización logra traducirse en mejores resultados, aunque por ahora, todo indica que se pueden esperar horizontes promisorios y que la ruta adecuada es la que está comenzando.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
@DRLMMA56
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