Madres y padres de familia son corresponsables de la educación de sus hijas e hijos. Solamente después de las familias son las escuelas el espacio de la comunidad y la cultura cívica. La ausencia de esta última en centros de aprendizaje públicos y privados conspira contra el proceso de formación de las y los menores y promueve perniciosamente la carencia del respeto absolutamente esencial desde donde puede nacer lo mejor de la sociedad… o no.
En la educación está la prevención y la eventualmente indispensable denuncia y persecución de atrocidades, de las cuales son víctimas las y los menores de edad, como el abuso sexual. O los golpes contra alumnas y profesoras. Ayudará la mirada acuciosa y el liderazgo de autoridades como la del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
En la familia y la escuela debe contribuirse con muestras de las mejores prácticas para resolver conflictos. Muy alejadas están las agresiones padecidas por una maestra de una preparatoria de Naucalpan por parte de la madre y padre de un alumno a quien presuntamente se había reprobado.
En las escuelas privadas existe un cierto modo de chantaje en el cual las y los maestros están sujetos a la reprobación del alumnado o de quienes pagan a las escuelas para conseguir la nota aprobatoria de las y los hijos.
Los datos de la Unicef revelan grandes pendientes: al menos una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños enfrentaron abuso sexual antes de los 18 años. En México, el INEGI estima 5.4 millones de casos anuales. Nos faltan datos para identificar cuántas de las notas aprobatorias o desaprobatorias son extensión de formas de pseudoenseñanza impactadas por el temor ante la violencia de algún familiar.
Niñas y niños, pero también maestras y maestros merecen respeto. Los abusos a unas y otros en más del 90 por ciento provienen de personas cercanas.
Pobreza y desigualdad son factores condicionantes que incrementan tanto el riesgo de abuso sexual infantil como violencia contra menores y ciertamente contra maestras como el caso de Naucalpan.
La política pública debe apartarnos de los riesgos de violencia y abusos. Estrategias como Mi Beca para Empezar —de la cual Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entregó ayer tarjetas en el Monumento de la Revolución— son un modelo de política social que busca reducir esas vulnerabilidades.
El objetivo es garantizar la permanencia en el sistema educativo y apoyar con las cargas económicas de las familias, en tanto fomenta la equidad educativa, al favorecer el acceso de las y los menores a herramientas para su desarrollo en igualdad de condiciones sin importar si viven en Tláhuac o en Polanco.
La política social detona la creación de espacios de atención como, por ejemplo, los cuidados de los cuales en su mayoría son cubiertos por mujeres, o la ratificación de parte de Brugada de la Alerta de Género decretada en 2019 por Claudia Sheinbaum cuando era Jefa de Gobierno.
POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA CDMX
@GUERREROCHIPRES
PAL
