Un consenso anticentralista animó la redacción de la Constitución de 1917. La revolución mexicana impulsó una agenda contra el centralismo, cuyo rostro público era el gobierno de Porfirio Díaz. Las afluentes populares de la revolución y su movimiento armado exigieron la profundización de la concepción del poder estatal y político basado en el federalismo y el municipalismo. De ahí que el concepto del municipio libre fue una de las más importantes piedras angulares del nuevo edificio constitucional.
El municipio tenía las atribuciones de gozar de una hacienda propia, una administración producto de la voluntad popular, capacidad de recaudación fiscal y representantes que fungían de cámara de representantes populares, para la vigilancia del propio titular del ejecutivo municipal, en la forma de ayuntamiento.
La inclusión del concepto del municipio libre, con capacidades hacendarias y fiscales en la Constitución de 1917, la distinguió de la Constitución de 1857, donde hubo la omisión importante al no incluir ese concepto municipal como parte del edificio gubernamental del país.
Sin embargo, el debate entre centralismo y federalismo también prevaleció en la Constituyente de 1857. En términos generales, se considera que los conservadores eran proclives a un gobierno centralista y los liberales propensos al federalismo como modelo de organización política. Influyó de forma importante en el debate sobre centralismo y federalismo en la Constitución de 1857 la presencia y el papel que ejercía la Iglesia Católica en la sociedad mexicana de aquella época. De hecho, la discusión entre una orientación religiosa o laica del contenido constitucional impactó profundamente en el resultado final.
Esa constitución concluyó ordenando la necesaria separación de la Iglesia del Estado en la vida pública. Y es que la preeminencia de la Iglesia en la vida pública prácticamente obligaba a una altísima centralización del poder del Estado. No se admitían atisbos de federalismo por ningún lado cuando de la Iglesia y su dogma se trataba.
En general, desde la vida independiente de México, el conservadurismo, entendido como esquemas de pensamiento y de ideas compartidas, ha impulsado la centralización del poder en un gobierno único nacional, mientras las corrientes identificadas con el liberalismo, progresismo, laboralismo, sindicalismo y socialismo han impulsado el federalismo, o la desconcentración del poder central, para dotar a las regiones, estados o municipios de una mayor capacidad decisoria sobre las cuestiones que les atañen directamente.
A pesar de que la tendencia histórica de México ha sido favorecer ideológicamente el federalismo, al mismo tiempo el sistema político practica formas excesivas de centralismo fiscal y, en épocas, de hegemonía política absolutista del gobierno nacional.
Todo lo cual nos lleva al momento actual, en la vida de México. La 4T se presenta como una nueva forma de gobierno, rompiendo con todas las formas y propuestas anteriores.
Asegura que instaura un régimen democrático-popular que representa a la mayoría de la población. En todo momento es necesario recordar que, a nivel del Congreso federal, la 4T recibió el 55% de los votos y la oposición el 45%. Esto, para no caer en las perversas e inútiles discusiones acerca de una inexistente abrumadora mayoría del pueblo supuestamente en contra de una minúscula y famélica minoría que escasamente puede representarse a sí misma.
El modelo de gobierno que pretende la 4T para el México actual es una réplica del centralismo propuesto por el conservadurismo y la Iglesia Católica en el Siglo 19, ante el debate sobre la Constitución de 1857.
Conjuga a la perfección el inevitable autoritarismo que acompaña a dogmas de fe que se quieren imponer a toda la población, quiérase o no, junto con la adjudicación de todas las facultades del Estado en obligatoriedad de obediencia. Las leyes de los conservadores de aquella época ponían en manos de La Fe todos los recursos del Estado para ser administrados conforme a sus dogmas y dictados. Estaba prohibido, bajo amenaza de juicio sumario, cuestionar los dogmas y dictados de la era.
Hoy no existe diferencia entre Iglesia (Morena) y Estado (con el control de los tres Poderes). El fisco público está al servicio del partido, y no al revés, como debería ser a favor de las necesidades del pueblo en general. Prueba de ello es que la notoria falta de servicios de salud, incluyendo medicinas, y educación se sacrifican en aras de regalar dinero para mantener al pueblo bajo el yugo de la opresión del Partido.
A los nuevos revolucionarios que gobiernan en nombre del pueblo no les importa ni la salud ni la educación de la ciudadanía, sino su definitiva subordinación al Estado centralizado y su eje dogmatizante, que es el Partido.
Las leyes se endurecen para encarcelar a ciudadanos bajo cualquier pretexto. La idea es que la sociedad sepa que está permanentemente en peligro de perder su libertad, si es que no obedece las instrucciones dadas por el Poder o el Partido. La Prisión Preventiva Oficiosa es eso: una amenaza para que los ciudadanos le tengan miedo al Estado y al Partido. Los barruntos contra la propiedad privada son entre reales y amenazas para asustar.
El paso siguiente, de poner los jueces a elección, es para que el Estado y el Partido los elija a su conveniencia, como también lo harán los traficantes y criminales. La idea es que el Poder Judicial esté al servicio de alguien o algún interés, que no son ni la Constitución ni las leyes. Los ciudadanos y las empresas sabrán, cuando se presentan ante un juzgador, que están enfrentando no a las leyes sino a los intereses políticos de algún funcionario del Partido.
La militarización es otro componente importante de la estructura imponente que intimida y atemoriza a una población, ya de por sí inerme ante el acoso de una economía desfalleciente. Un militar ahora convertido en el aparato de control de la nueva burocracia política, es cómodamente incluido en el Politburó para participar en las decisiones sobre cómo administrar el pozo de riqueza estatal, que es el presupuesto anual, sin, por supuesto, la necesidad de rendir cuentas sobre lo ejercido hasta ahora.
La descomposición de la nueva “revolución” ya está presente. Ahí están los líderes del Senado y la Cámara de Diputados en su desfile incuestionable y permanente de corruptelas, a la luz del día. La arrogancia absoluta del poder es señal de que se acerca aceleradamente su límite máximo y, después, su final. Además, no tiene un verdadero líder que cohesione al ejército en el poder.
Cada uno de sus integrantes va por su coto de poder y sus recursos presupuestales. Es la piratería en todo su esplendor. Están felices cómo lo viven y, al mismo tiempo, totalmente inconscientes del espectáculo mórbido que están produciendo.
El conservadurismo del Siglo XIX coincide como anillo al dedo con este 4t “neoconservador” del Siglo XXI. La fusión Iglesia-Estado del 19 es igual a la fusión Partido-Estado del 21. Tiene propósitos parecidos a pesar de los cerca de 200 años que los separan. La combinación dogma-Estado-militares-autoritarismo es impecable.
Todos los intentos de dominio autoritario también se tropiezan con la misma piedra: el ejercicio del poder es transitorio. Y, como advirtió Lord Acton: todo termina en la corrupción absoluta. Y, como corolario: es el anuncio del fin de un régimen.
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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