A unas horas de concluido el proceso de elección para renovar tan importante institución -creada para defender los derechos de los ciudadanos-, los resultados son decepcionantes deprimentes; no sólo por el uso de las prácticas indeseables de tintes guindas -esas que se guían por la coacción y la extorsión del voto-, sino también porque se prefiere la evasión de asumir lo que preocupa y ocupa a México.
En un proceso amañado, desaseado por donde se le viera (las imágenes son contundentes), hizo un llamado a una democracia simulada; la mayoría utilizó todos los mecanismos y artimañas a su alcance para obtener los “votos necesarios” y así consolidar el desprestigio público con la desgastada frase de quien "manda es la mayoría". La instrucción oficialista fue ganar a costa de lo que fuera, sin importar la congruencia ética o las consecuencias.
Las señales fueron claras desde el principio. La imposición vendría a como diera lugar -la orden llegó de lo más alto-. En su distorsionado concepto de democracia de "el que manda, manda”, con presiones, pagos y favores, se definió el sentido de la votación. El objetivo era entregar el bastón de mando a alguien del mismo grupo para conservar los privilegios, puestos y presupuestos. Hoy resulta profundamente grave el daño a la institución y, en consecuencia, a la República.
Lo relevante es la forma en la cual, aquellos que se dicen libres, comprometidos con las causas sociales, preocupados por la situación en México, se olvidaron de asumir su responsabilidad contribuyendo al deterioro de la reputación pública de la institución creada con otro propósito.
Ante los resultados, planteo una serie de preguntas para quienes se ostentan como representantes de "las mayorías":
Frente al caudal de acusaciones, descalificaciones, ineficiencia y mentiras probadas, ¿se cuenta con calidad moral para establecer canales de comunicación con las distintas organizaciones de la sociedad civil?
El hecho de emitir un voto bajo coacción no exime al votante de su responsabilidad. Si la primera vez se hizo por imposición, error o simple desconocimiento, ¿se justifica una segunda ocasión? Las consecuencias actuales y futuras serán el resultado de lo votado, y los responsables serán juzgados por sus actos.
Por más que se intente justificar, el desprestigio persiste y afecta negativamente a la CNDH. Con nuevas promesas no se puede dar viabilidad y congruencia a la institución y mucho menos defender y ser la voz de millones de mexicanos que padecen las arbitrariedades de quienes, se supone, deberían procurar y garantizar los derechos humanos.
El gobierno federal proclama una institución impecable; sin embargo, respalda la falsedad y la simulación en un proceso —incluida su convocatoria— de un órgano constitucionalmente autónomo que ha perdido legitimidad debido a sus inexcusables vicios y atropellos democráticos.
El pueblo de México y los defensores de derechos humanos no merecen el tropezón voluntario, consciente e irresponsable de los que vuelven a caer con la misma piedra, que agrava el deterioro institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ni hablar, ganó el desprestigio, a pesar de las evidencias del pésimo papel de la CNDH durante los últimos años. Los senadores cuatroteístas sólo obedecieron las órdenes no de Palacio Nacional, sino las dictadas desde algún paradisíaco lugar del territorio mexicano.
Las fuerzas de oposición y los integrantes de la sociedad civil comprometidos con los derechos humanos, tenemos el deber de organizarnos inmediatamente para poner un alto a la estridencia legislativa que nos tiene sumidos en el caos en medio de la institucionalización de la farsa y el cinismo.
Para construir un futuro próspero, hay que abandonar las prácticas oficialistas que simulan escuchar y atender, y que a final de cuentas, deciden sinrazones justificándose en representar la mayoría de votos. Deleznable pero cierto. No podemos continuar con el mismo rostro de invalidez y desprestigio institucional.
POR ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ
POLÍTICA Y ACTIVISTA
PAL
