La semana pasada, en una decisión que podría calificarse como golpista, la Suprema Corte dio el primer paso para intentar anular la Reforma Constitucional del Poder Judicial.
A pesar de no tener facultades para ello, y pese a que solo el Poder Legislativo tiene atribuciones constitucionales para legislar en esta materia, decidió revisar la constitucionalidad de la reforma. La Corte admitió una consulta presentada por jueces y magistrados para determinar si puede o no analizar la reforma, aunque ya se anticipa cual será el resultado, dado que la mayoría de los ministros han manifestado públicamente su posición.
La reforma al Poder Judicial se llevó a cabo conforme a lo establecido por la Constitución y fue aprobada por una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, 359 diputados y 86 senadores votaron a favor.
Además, fue ratificada por 25 de los 32 congresos estatales, algunos, con el apoyo de legisladores de la oposición; y la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre. No se nos debe olvidar que este cambio constitucional fue un mandato del pueblo, expresado en las urnas el 2 de junio.
Si la Corte decide que la reforma puede ser impugnada, estaría dando un paso hacia una ruptura del orden constitucional, lo que podría desencadenar una crisis, motivada únicamente por el interés de preservar sus privilegios.
Este acto se suma a una serie de acciones emprendidas por jueces para frenar la reforma judicial a toda costa, utilizando el amparo como herramienta. Van algunos ejemplos: el 31 de agosto, una jueza federal ordenó a la Cámara de Diputados no iniciar la discusión del dictamen de reforma; el 5 de septiembre, otro juez ordenó suspender temporalmente la discusión en el Senado; el 13 de septiembre, un juez frenó la promulgación de la reforma en el DOF; y el 23 de septiembre, otro juez ordenó al director del DOF y al Presidente de la República eliminar la publicación del decreto. Incluso después de la publicación de la reforma, otro juez ordenó al INE detener los preparativos para la elección de los integrantes del Poder Judicial, todo lo anterior, pese a no tener facultades para ello.
Estos mecanismos carecen de sustento legal y representan una intromisión de un poder en las atribuciones de otro. Ante esto, surge la necesidad de cuestionar a los ministros, ¿realmente están dispuestos a llevar al país a una crisis solo para preservar sus privilegios? ¿Por qué se oponen a lo que la mayoría del pueblo de México votó en las urnas? ¿Son sus intereses más importantes que la decisión del soberano?
Como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, la actitud de la Suprema Corte parece una provocación, pese a ello, la elección de jueces, magistrados y ministros sigue adelante.
POR ARTURO ÁVILA ANAYA
ANALISTA POLÍTICO, EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONAL HARVARD
@ARTUROAVILA_MX
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