Defender la Constitución mexicana, no dice nada a millones de personas que ven marcado su destino por la desigualdad y la falta de acceso a leyes, gobiernos e instituciones y que ven en nuestra máxima ley, un catálogo de buenos e inaccesibles deseos.
Paradójicamente, esta desigualdad es el pretexto perfecto para un nuevo régimen dedicado a concentrar dinero y poder, mientras apela al resentimiento contra el clasismo, el racismo, y desmantela presupuestos e instituciones, garantes de nuestros derechos fundamentales.
De tajo, Morena, su gobierno y sus aliados, acaban con la transición democrática impulsada por un PRI hegemónico, capaz de reconocer la diversidad y que avanzó en pluralidad con la alternancia. Hoy, con una mayoría que no les dio el pueblo, sino que arrebataron con la complicidad de magistrados electorales y consejeros del INE, los oficialistas cierran la puerta a un periodo que se propuso hacer exigibles los derechos fundamentales de las personas ante el Estado, y acotar las facultades de un presidencialismo cuyos excesos no justifican la desmesura de los actuales. Vamos en franca reversa.
Recientemente, el analista Raudel Ávila advirtió cómo se construye y socializa la narrativa del nuevo régimen y concluyó lapidario que a nuestra transición democrática le faltaron políticos y le sobraron académicos: “La educación cívica no existió y por tanto, fuera de la élite, no hubo mitos de la transición. Por eso se le pudo pisotear tan fácil y desmoronarla sin ninguna protesta popular de por medio”.
Duele reconocerlo y hoy más que nunca es importante concientizarnos y divulgar lo que estamos perdiendo. En principio, el reconocimiento al pluralismo político y con él, a la diversidad de nuestro país, a través de reformas como la de 1963, que introdujo la representación proporcional en la elección de diputados, dando voz y voto a los partidos de oposición.
La instauración en 1977 de los distritos uninominales y un sistema de representación proporcional, para todos los partidos políticos; la creación en 1986 del Tribunal Federal Electoral, para supervisar las elecciones y resolver disputas; la creación del IFE en 1996, a fin de que las elecciones sean organizadas por los ciudadanos, además de reformas como la del año 2000 y 2006, que fortalecieron la fiscalización y el financiamiento de los partidos políticos.
En torno a la división de poderes y consolidación de su autonomía, vale recordar que en 1994 se facultó a la Suprema Corte de Justicia para resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y defender a las personas de los abusos del poder, fortaleciéndose incluso el Juicio de Amparo, que permite a los ciudadanos impugnar leyes y actos de autoridad violatorios de sus derechos humanos.
A partir de los años 90, se quitaron facultades y recursos al poder presidencial y se encargaron a una serie de organismos constitucionales autónomos, especializados, colegiados, transparentes y profesionales, como el INEGI, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la propia Fiscalía General de la República.
El periodo de transición democrática no alcanzó a resolver problemas de fondo como la pobreza, la inseguridad o el acceso a la justicia, pero el nulo crecimiento económico, el discurso del odio y la concentración de poder a costa del desmantelamiento de nuestros sistemas de educación y de salud, que promueve este cambio de régimen, están más cerca de la venganza que, de la justicia, de un sistema autoritario, que de resguardar nuestras libertades y derechos más básicos.
Otorgar más poder a los ciudadanos, para mejorar las condiciones de vida de todas las personas ha sido el propósito de la transición democrática, que ahora enfrenta a su peor enemigo: la 4T.
POR ANA LILIA HERRERA ANZALDO
@ANALILIAHERRERA
PRESIDENTA DEL PRI EDOMEX
EEZ
