Todo está contenido y dicho con el significado de la sola palabra. Se pueden dar mil explicaciones sobre el carácter supuestamente democrático de la reforma constitucional, pero todo queda anulado por la palabra “supremacía”. La intención es colocar a un Poder del Estado por encima de otro Poder del Estado. No existe la posibilidad de otra explicación del uso de la palabra de “supremacía”.
El hecho de legislar esa “supremacía” anula, de hecho, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque cancela la existencia de los tres Poderes del Estado, independientes y autónomos y que cuentan con la sublime capacidad de ser contrapesos eficaces entre sí.
Es por ello que, en el marco de la Constitución, uno de los Poderes no puede dominar al otro y mucho menos determinar, o minar, sus facultades. El Poder Judicial debe poder corregir a los otros dos Poderes cuando estos sobrepasan sus facultades o capacidades decisorias.
El Artículo 41 de la CPEUM dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión”. Los Poderes de la Unión son, con igual peso e independencia, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Constitución no contempla la supremacía entre los tres Poderes del Estado, bajo ningún concepto.
La Carta Magna de México contiene dos elementos esenciales que deben preservarse siempre, y a toda costa. Estos son, por un lado, las garantías individuales y los derechos humanos, y por otro lado la división de los Poderes.
El diputado Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados y supuesto profesor universitario constitucionalista, explicó con precisión y en todas sus formas la intención oculta de la modificación a la Constitución. La reforma constitucional para otorgar la “supremacía” a las decisiones del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, en materia de la facultad revisora de decisiones de cambios constitucionales, tiene el único propósito de evitar que la Corte congele la reforma judicial. La propuesta tiene ese objetivo político concreto: evitar que se frene la reforma al Poder Judicial.
Por tanto, a cambio de lograr un objetivo político coyuntural, la mayoría legislativa decidió dinamitar todo el edificio del derecho al juicio de amparo en México. Con ésta acción, se ataca a uno de los derechos humanos fundamentales existentes en México y pilar del sistema de justicia. Lo que hacía admirable al Estado de derecho en México, y reconocido mundialmente por su progresismo, es el juicio de amparo, que hoy se elimina y destruye el valor esencial de la protección jurídica en nuestro país. El mundo nos mira con asombro y tristeza ante semejante retroceso.
¿Cómo es posible, se preguntan los observadores internacionales, que un supuesto gobierno de izquierda se vuelva reaccionario y conservador, anulando el derecho humano más sagrado de sus ciudadanos? ¿Cómo se dio ese proceso contra natura de esos gobernantes, identificados como supuestos intelectuales e ilustrados pensadores, anulando el derecho al juicio de amparo?
Este no es el momento para explicar el complejo proceso político, ideológico y social que deriva en semejante degradación de la corriente política hoy mayoritaria (por obra y gracia de la corrupción) en el poder legislativo. Lo que sí se puede confirmar, ante los hechos irrefutables, es la caída de esa corriente política en el abismo del autoritarismo y la antidemocracia.
Cualquier argumento sirve como disfraz de la intencionalidad desnuda de apropiarse del poder y de usarlo como ariete para imponer sus ideas a una sociedad sin recato y sin distingos. Hay de aquel que ose cuestionar las nuevas verdades que mueven y obligan a la sociedad a la subordinación.
El filósofo francés Voltaire deslizó una idea que recorre nuestra realidad con asombrosa y cruda fuerza: “El último grado de la perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”. Esta frase de Voltaire pinta de cuerpo entero a la filosofía y praxis de Morena, en el ejercicio del poder. Voltaire fundó su pensamiento en la tolerancia religiosa y la libertad ideológica.
Vivía los prolegómenos de la Ilustración y su pensamiento filosófico lo reflejaba. Predicaba la preeminencia de los derechos humanos y la libertad contra el dogmatismo y el fanatismo. La premisa social se fincaba en la idea de que la ley tenía que ser igual para todos. La vida en común exigía un pacto social de tolerancia a las ideas diferentes.
Con todo este bagaje de ideas, nos llegan, cortesía del Siglo XVIII, las mejores ideas para refutar la intolerancia y el fanatismo de Morena del Siglo XXI. Voltaire entendió la perversidad de la mente humana y de las instituciones creadas por los actores del poder para reproducir sus regímenes, con intolerancia y fanatismo. Por tal razón, Voltaire es un hombre de nuestra era, que plantea las preguntas incómodas que los poderosos no quieren escuchar y, mucho menos, responder.
La perversidad de Morena, en todas sus representaciones, se expresa en la disposición a destruir el andamiaje de protección jurídica de todos los mexicanas, en aras de lograr apoderarse del Poder Judicial de México y, así, defender el legado del ex Presidente, un perverso polimorfo, según tanto Voltaire como Freud.
El empleo de la palabra “supremacía” expide un tufo fascista. La raza superior fue el fundamento del Tercer Reich de Hitler. Toda su tesis para movilizar al pueblo alemán surtía efecto a partir de la idea de su supremacía sobre otras razas. En la Rusia de Putin, sus ideólogos repiten tesis al pueblo sobre su superioridad (supremacía) sobre otros pueblos “arrastrados por debilidad”, lo que justifica la dominancia que pretende sobre Ucrania y otros países por venir. Trump se preocupa por la contaminación de la sangre superior (suprema) de los estadounidenses (blancos, aunque lo insinúa, pero ya no lo dice) con la contaminación de la sangre de pueblos inferiores que “invaden” su nación.
El pensamiento de la supremacía está por todos lados, y ahora resulta que Morena es promotor de esas ideas. Es por ello que detrás de la “naturalidad” con la que Morena suelta su noción de supremacía subyace una noción esencialmente autoritaria, intolerante y antidemocrática.
La palabra supremacía que escogieron para “definir” su acción más bien los pinta de cuerpo entero y revela la profunda debilidad de su propia fuerza. Ante las propias dudas sobre su legitimidad, quieren anular cualquier posibilidad de cuestionamientos sociales a sus decisiones. Lo que promueven no está diseñado para fomentar democracia, sino para silenciar posibles críticas por su desempeño pobre, incluso ilegal, como gobernantes.
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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