La iniciativa presentada esta semana por los senadores Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, así como los diputados Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna representa otro golpe letal a la democracia mexicana.
Se trata en los hechos de revertir la histórica reforma constitucional de 2011 que incorporó los derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales suscritas por México, como norma suprema dentro de nuestra Constitución.
Bajo el criterio de progresividad y el principio pro-persona, el Estado mexicano está obligado a cumplir los más altos estándares en cuanto a reconocimiento y protección de los derechos de sus ciudadanos.
Ante la avalancha de críticas, los legisladores de Morena modificaron la iniciativa borrando varios párrafos. Sin embargo, el matiz resultó cosmético, porque el contenido no varió, y me explico.
Se mantiene la eliminación de cualquier medio de impugnación contra reformas constitucionales, ya sean juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. La prohibición es tan amplia, que sale sobrando si lo que viola la Constitución es el fondo de la reforma o el procedimiento legislativo, su deliberación o publicación.
Por otro lado, si bien se suprimieron varios artículos transitorios, lo que quedó vigente es la retroactividad de la reforma, esto es la disposición de que “todos los juicios o recursos que se encuentren en trámite se resolverán conforme a estas nuevas reglas”.
Lo anterior quiere decir que todas las acciones interpuestas contra la reforma judicial, así como las suspensiones ya otorgadas, quedarían desechadas (sobreseídas).
En suma, la iniciativa “corregida” implica el mismo peligro que la original, simplemente con menos palabras. Y no se puede insistir lo suficiente sobre la deriva autoritaria que las anima: sellar y blindar cualquier adición o reforma a la Constitución que decida la mayoría en el poder.
Si dicha mayoría aprobara la tortura, o la pena de muerte, o la prisión preventiva oficiosa para opositores al gobierno, no habría manera alguna de impugnarlo ni autoridad judicial que pudiera revisar, y menos aún, invalidarlo.
Dentro del ranking global de estado de derecho 2024, elaborado por el World Justice Project, México ocupa el lugar 118 de 142 países, lejísimos de Dinamarca que aparece en primer lugar.
En Latinoamérica sólo estamos por encima de Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Claramente esto no preocupa a Morena y sus aliados. Pero ¿este es el país que la presidenta quiere? Vale la pregunta porque esta misma semana Claudia Sheinbaum ofreció certeza a los inversionistas norteamericanos, mientras seguimos cayendo hacia la zona de las dictaduras.
Y eso sí les importa a nuestros socios comerciales, como nos han advertido claramente desde el Congreso, la embajada y la representación comercial de Estados Unidos. Para que luego no nos sorprenda que nos pierdan la confianza.
POR VERÓNICA ORTIZ
COLABORADORA
@VERONICAORTIZO
EEZ
