Hay decisiones que, aunque puedan tener una buena intención, no resuelven el verdadero problema y terminan creando nuevos conflictos en el camino. Las recientemente aprobadas restricciones al alquiler de inmuebles para estancias cortas en plataformas como Airbnb en la Ciudad de México son un claro ejemplo de esto.
La falta de vivienda accesible es un gran problema que aqueja a la capital, pero culpar a Airbnb y restringir su operación es una distracción más que una solución. El verdadero desafío en esta ciudad radica en la escasa oferta de vivienda social, la nula actualización de los programas de desarrollo urbano y la falta de planeación adecuada en la ciudad. En lugar de atacar estos problemas estructurales, se ha optado por regular a una plataforma que apenas es un actor secundario en la ocupación de inmuebles en la ciudad.
Los ejemplos internacionales tampoco deberían alentar la implementación de este tipo de restricciones. En Nueva York, una de las ciudades que ha impuesto fuertes límites a las estancias cortas, los resultados no han sido los esperados. No solo no se ha logrado reducir el costo de las rentas a largo plazo, sino que estas han aumentado un 3.4% en tan solo un año. Además, el precio de los hoteles ha subido un 7.4% en el mismo periodo, afectando a los turistas y a la economía local. Lo peor de todo es que este tipo de medidas ha fomentado la informalidad, pues los propietarios buscan maneras de eludir las normativas para seguir generando ingresos.
Limitar la cantidad de noches que un inmueble puede ser alquilado a través de Airbnb en la Ciudad de México no reducirá los precios de las rentas ni aumentará la oferta de vivienda accesible. Lo que sí hará es perjudicar a miles de familias que dependen de esta plataforma para obtener ingresos adicionales. A medida que se restringen las opciones, se limita también la posibilidad de que pequeños anfitriones sigan generando ingresos adicionales en un mercado laboral que cada vez ofrece menos certidumbre.
Por otro lado, en 2023, los turistas que utilizaron Airbnb en la Ciudad de México generaron más de 15,000 millones de pesos en ingresos, apoyando a más de 63,000 empleos. Las restricciones actuales no solo ponen en riesgo esta derrama económica, sino que afectan a la cadena de valor asociada: desde los pequeños comercios locales hasta los servicios de limpieza y mantenimiento que dependen del flujo constante de turistas.
Lo que necesita la Ciudad de México no es una regulación más estricta sobre las plataformas de estancias cortas, sino una política integral de vivienda que incentive la construcción de vivienda social y actualice los programas de desarrollo urbano. Sin estas acciones, la crisis de la vivienda no solo se mantendrá, sino que seguirá empeorando.
Las restricciones a Airbnb podrían parecer una solución fácil para enfrentar la crisis de la vivienda, pero en realidad, solo generan una distracción a un problema mayor.
Alejandra Cerecedo
