En México ha sido común que la Constitución y las leyes se violen con impunidad, y lo peor es que, salvo algunos señalamientos aislados, a nadie extraña. Las transgresiones deberían ser un escándalo nacional, pero discurren en una mezcla deplorable de indiferencia y resignación de la sociedad.
Tales violaciones son más relevantes cuando se producen en las autoridades cúpula, es decir aquellas que tienen la última palabra y cuyas decisiones no pueden ser recurridas. En esa situación cupular están el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Quiero detenerme en una violación flagrante que, desde hace años, comete el TEPJF. Se trata de la celebración, sin base constitucional ni legal, de sesiones privadas en las que se resuelven asuntos de relevancia, como las confirmaciones y revocaciones a resolutivos del INE concernientes a la actual anteprecampaña de Morena y aliados y del Frente Amplio por México.
Entre tales asuntos figura un importante proyecto presentado por la magistrada Janine Otálora Malassis, que proponía suspender el proceso de Morena (como lo planteó también la magistrada respecto del Frente). Se imponía en este caso que la Sala Superior, en plenitud de jurisdicción, emitiera un pronunciamiento definitivo, pero en vez de ello, el TEPJF resolvió en privado devolverlo al INE y privó así a la sociedad de conocer lo que pudo ser un interesante y pertinente debate.
La Constitución establece en su artículo 99 que las sesiones de resolución del TEPJF “serán públicas, en los términos que determine la ley”. Y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice en el segundo párrafo de su artículo 165: “Las sesiones de resolución jurisdiccional del Tribunal Electoral serán públicas”.
No obstante, al margen de esas claras disposiciones, el TEPJF incluyó en su Reglamento Interno (art. 12) una excepción que anula la disposición constitucional y legal. En ese artículo enlista una serie de excepciones al carácter público y obligatorio de sus sesiones y al final incluye “aquellos asuntos que por su naturaleza determine la Sala Superior”. Así, la aplicación obligatoria de una disposición constitucional queda al arbitrio de un puñado de personas.
Si ese apartamiento de la Constitución es grave, es peor aun la perversión consecuente. Ésta consiste en no sesionar de ninguna manera, sino resolver los asuntos ¡mediante chats de Whatsapp! en los que ni siquiera intervienen directamente los magistrados, sino que todo queda en manos de los instructores.
La periodista Jannet López Ponce explicó en Milenio (10/07/22) cómo funciona el chat: “una magistratura circula su proyecto como en sesión pública, lo coloca en el chat para que el resto de sus pares lo revise y emita su voto, todo, a través de su instructor o instructora”.
Es claro que esa violación y esa perversión deben cesar.
PLUS ONLINE: FUEGO AMIGO EN CARLOTA ARMERO
Bajo la presidencia de Reyes Rodríguez Mondragón, la Sala Superior del TEPJF ha adoptado prácticas que ofrecen mejores garantías contra corruptelas que antes eran relativamente comunes en algunas oficinas de Carlota Armero, sede del Tribunal. Una de ellas es la asignación de asuntos de manera aleatoria, mediante un algoritmo que sustituyó a un orden alfabético de apellidos.
Sin embargo, aparte de las sesiones privadas y su perversión vía Whatsapp, hay otro asunto sumamente deplorable que ensombrece la gestión de Rodríguez Mondragón: la violencia política de género y el acoso laboral que se practica en algunas oficinas y se ha expresado, incluso, en gritos injuriosos contra trabajadoras. Otra expresión es una serie de bajunos ataques en redes sociales contra dos candidatas a la vacante que dejará Gabriela Villafuerte en la Sala Regional Especializada, con sede en la Ciudad de México.
Especialistas en la ubicación de cuentas “fake” en Twitter han detectado indicios de que tales mensajes -en el pasado reciente incluso algunos se lanzaron contra Rodríguez Mondragón- se han originado en la sede misma de la Sala Superior. Fuego amigo, pues.
La violencia de género y el acoso -sea en forma directa o por redes sociales- es un infame asunto que debiera concitar la atención del magistrado presidente y, por sororidad y otros motivos, también de las magistradas de la Sala Superior. En la Suprema Corte, que integró la terna de candidatas a la Sala Especializada, no ha caído nada bien el caso.
POR EDUARDO R. HUCHIM
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