Un par de semanas atrás se conmemoró en nuestro país el Día del Abogado, una celebración particular en el sentido de que, al igual que ocurre con los médicos, se trata de un gremio al que las personas suelen acudir, por lo general, cuando se encuentran en problemas. El resto del tiempo, los ciudadanos prefieren mantenerse tan alejados de los tribunales, sus formalidades y lenguaje bizantino, como de los quirófanos con su aroma antiséptico y sus objetos punzocortantes.
En este contexto, es fácil olvidar el papel que juegan el derecho y los tribunales en nuestras vidas, aún en los momentos en que no participamos activamente en un proceso. Esta fue la lección que aprendió el pueblo español a finales de abril de este año, cuando los funcionarios judiciales, presionados por los recortes presupuestales y la sobrecarga de trabajo, y el desprecio de los legisladores, decidieron irse a huelga. La situación se tornó verdaderamente caótica cuando, unos días después, los propios jueces y fiscales, en cuyas manos descansa el funcionamiento del sistema de justicia, se sumaron al paro.
Sus razones, por demás, eran perfectamente comprensibles. Casi 10 años después de la crisis que asoló a España en 2014, los funcionarios judiciales no han alcanzado a recuperarse de los recortes salariales que habían tenido lugar en aquel entonces. Mientras tanto, el índice de litigiosidad crece vertiginosamente. En uno de los países con menos jueces y fiscales por habitantes de toda Europa, sus jornadas de trabajo son cada vez más largas, mientras que el valor de su patrimonio y sus ingresos se deprecian por la inflación. Esto resulta particularmente grave si consideramos que, al igual que en nuestro país, estos funcionarios se encuentran sujetos a un régimen de incompatibilidades y prohibiciones que los constriñen a una dedicación prácticamente exclusiva a la vida judicial, a diferencia, por ejemplo, de quienes laboran en la legislatura o el ejecutivo, quienes, además de los salarios que perciben, pueden generar un lucro adicional con sus actividades profesionales y académicas.
Pero el problema va más allá del mero nivel de vida de los funcionarios, quienes ya en 2019, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea había resuelto, en un caso portugués, que la independencia económica es esencial, por no decir vital, para la independencia judicial. Sin los recursos materiales y financieros para cumplir sus funciones, desaparece el papel de la judicatura, no sólo como árbitro y garante de la justicia, sino también como contrapeso a los otros poderes. La huelga de los jueces, pues, era sobre algo más que su nivel de vida: se trataba de su propia independencia como uno de los tres poderes de un Estado constitucional, en peligro de parálisis.
En nuestro país, según datos del INEGI, hoy en día, hay más de 126,000 funcionarios judiciales (locales y federales), que son los encargados de operar y mantener a flote la maquinaria de la justicia, y esto es relevante porque, en nuestro Estado de derecho y nuestra forma de vida democrática descansan, en buena medida, en su independencia; para ello, requieren no sólo de los recursos indispensables y suficientes para llevar a cabo su función, sino también del reconocimiento de su dignidad e integridad, como funcionarios y como seres humanos responsables también de sus familias. Sólo garantizando estas cosas podemos exigir su dedicación plena y exclusiva al servicio público. Pensar lo contrario sería pronunciarnos por el retorno a una simulación, a una calidad discutible de la función judicial que hoy, afortunadamente, con gran compromiso y esfuerzo luchan por mejorar permanentemente la impartición de justicia, en una sociedad que la demanda y necesita para defender el derecho de cada ciudadano a ser libre y que se respeten los derechos humanos para todos por igual, sin distinción bajo el amparo de la Constitución.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
LSN