El ejercicio de la abogacía es una vocación que requiere pasión, dedicación y compromiso. Es un llamado a velar por los derechos de los más vulnerables, a dar voz a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos y a luchar incansablemente por la igualdad y la justicia. Como abogadas y abogados, somos los guardianes de los principios que garantizan una sociedad justa e igualitaria, por ello, es que -a diferencia de otras profesiones- la sociedad es más exigente con nosotros, de quienes espera, como conocedores de la justicia, rectitud en nuestro actuar.
Del 27 de mayo al 10 de junio de 2022, la empresa de análisis de mercado Ipsos, aplicó una encuesta on line a 21,515 personas conectadas a Internet en 28 países, para conocer el nivel de confianza de 18 profesiones. Los resultados de ese ejercicio, muestran que los doctores y científicos son los profesionistas que despiertan mayor confianza en la sociedad, con un 59% y 57%, respectivamente, en tanto que las profesiones relacionadas con la abogacía están muy por debajo de estos porcentajes: las y los jueces obtuvieron un 35%, las y los abogados un 29% y las ministras y ministros de gobierno apenas un 16% a nivel internacional. En México, la confianza en las personas impartidoras de justicia y abogados disminuye a un 21% para ambas, y para las secretarias y secretarios de Estado, apenas alcanza un 15% de confianza.
Por su parte, el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 de World Justice Project, reporta que los contrapesos estatales registran un deterioro en más de la mitad del pasó, ya que el puntaje de los límites al poder gubernamental bajó en 17 Estados del país. De acuerdo con este Índice, las principales razones que explican esta tendencia están en el debilitamiento del poder legislativo y del poder judicial locales para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal; y en la contracción del espacio cívico, donde actúan la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa, lo que les impide incidir en la prevención del abuso del poder o en la aplicación de sanciones a las personas servidoras públicas que quebrantan la ley.
Estos indicadores deben ser un llamado de atención para quienes ejercemos la abogacía. Si bien, la oposición que muestran los colegios y barras a la arbitrariedad de quienes ejercen el poder público, sienta un precedente valioso para que retomar el papel que nos corresponde como defensores de la justicia, no sólo del Derecho, aún está pendiente que estas organizaciones regulen la actuación ética del gremio, de lo contrario, la confianza ciudadana seguirá desplomándose. No se trata de un concurso de popularidad o credibilidad frente a otras profesiones, ya que todas debemos de guiarnos por un ejercicio ético, sino en que en los abogados reside la defensa del marco jurídico que da forma al Estado, cuyo fin último consiste en servir a las personas, no servirse de éstas.
Sin duda, “las malas leyes son el peor tipo de tiranía”, como decía Edmund Burke, pero la tiranía también se sostiene de la presentación de demandas injustificadas, mal planteadas, carentes de técnica argumentativa y de elementos probatorios; de la publicación de sentencias que contravienen la justicia, que no resuelven las pretensiones de las partes o que no se hacen efectivas; y de la emisión de actos públicos ilegales, innecesarios, contrarios a la Constitución y a los Derechos Humanos.
En pocas palabras, el combate a la opresión requiere de abogadas y abogados comprometidos con la justicia y no con el poder. Responsables con un ejercicio crítico y ético de la profesión. Sobran ejemplos sobre como desde la impartición de justicia se pueden impulsar condiciones materiales para ejercer los derechos sin discriminación, como los juicios de amparo que obligaron al IMSS a crear un programa piloto para que las personas trabajadoras del hogar pudieran contar con seguridad social, los que han ordenado la construcción de clínicas en regiones apartadas o la reciente sentencia por la que CONADE tuvo que devolver las becas a las nadadoras artísticas.
En nuestro compromiso con la justicia, es fundamental reconocer que el acceso a la justicia y el ejercicio efectivo de los derechos no pueden ser meramente teóricos o formales, sino que requieren de condiciones materiales adecuadas que permitan a todas las personas ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Para alcanzar este objetivo se requiere asegurar el acceso a la justicia de todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico, género, raza u orientación sexual, ya que en muchos casos, sólo por medio de la intervención de los órganos jurisdiccionales se logra exigir el reconocimiento de los derechos o el cumplimiento de algunas obligaciones en favor de individuos y comunidades históricamente marginadas, por lo que eliminar las barreras que pueden dificultar el acceso a la impartición de justicia, es preciso para consolidar el Estado de Derecho y fortalecer la confianza ciudadana.
El compromiso de los operadores jurídicos debe ir más allá del ofrecimiento de servicios legales asequibles o gratuitos, para convertirnos en defensores de los derechos humanos y trabajar para erradicar cualquier forma de discriminación o desigualdad desde nuestras diferentes trincheras: impulsar la adopción de leyes y políticas inclusivas que protejan y promuevan los derechos de todas las personas; participar activamente en el diseño de políticas públicas que aborden las desigualdades y promuevan la igualdad de oportunidades, así como ejercer nuestra profesión con ética y responsabilidad social.
La celebración del Día del Abogacía nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre cómo podemos mejorar como profesionales y cómo podemos contribuir de manera más significativa a la sociedad. Aprovechemos esta ocasión para renovar nuestro compromiso con los valores éticos y morales que deben regir nuestra profesión. Redoblemos nuestros esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia para todos, especialmente a quienes más lo necesitan. La abogacía del siglo XXI exige compromiso social, valor y determinación. Acabar con los pactos de poder e impunidad que han alimentado por décadas la desconfianza social y erosionado a nuestras instituciones. La sociedad reclama una actuación más activa de las abogadas y abogados, pero no al amparo del poder sino de cara a la sociedad y su bienestar.
POR ZULEMA MOSRI GUTIÉRREZ
MAGISTRADA LA SALA SUPERIOR Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
@Z_MOSRI
LSN
