Aunque polémicos, los procesos de selección de los futuros candidatos presidenciales, tanto del partido en el gobierno como de la oposición, no tienen precedente en México y, a condición de que se realicen conforme lo planteado, pueden ser un avance democrático y, en cierta forma y en algún grado, implicar un empoderamiento de los ciudadanos.
Para mí, ese posible avance es más importante que las violaciones, reales, supuestas o discutibles, a la normatividad electoral.
De buena fe y no sin fundamento, juristas, académicos y algunos políticos sostienen que tales procesos internos constituyen una simulación y un fraude a la ley. Así es, si se acepta que el período de precampaña —previsto en la ley y que comienza en noviembre— proscribe implícitamente cualquier proceso de selección previo, cualquiera que sea su naturaleza.
Ahora bien, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos anticipados de precampaña como “las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura” (énfasis propio).
Es obvio que los procesos en desarrollo, tanto de Morena como del Frente opositor, no se corresponden con tales anticipaciones porque, sencillamente, el proceso electoral no ha comenzado (empezará en septiembre). Hay quienes interpretan que, si bien no son actos anticipados de precampaña, sí lo son de campaña porque estos no tienen temporalidad en la ley, pero esto es muy discutible. ¿Pueden hacer actos anticipados de campaña quienes no tienen una candidatura si no están compitiendo por ella?
Para mí lo que hay es una insuficiencia de la ley. Lo que está ocurriendo no encuadra en los supuestos normativos. La realidad superó a la ley y la rebasó por la izquierda y por la derecha.
Para evitar la caracterización de precampaña y campaña a sus procesos internos, tanto Morena como el Frente Amplio han cuidado las palabras. De ahí, por ejemplo, que a quien resulte triunfador(a) lo llamen en Morena “Coordinador o Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030”, y en el Frente lo denominen “Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México”. Si a eso y otras cosas inherentes se les quiere considerar “simulación”, habrá que convenir en que, en todo caso, sería una simulación ya tolerada por las autoridades comiciales porque Morena ha hecho algo semejante en las elecciones estatales.
En ese contexto cobran relevancia las “tutelas preventivas” que ha emitido el INE y que -como he comentado con anterioridad- detallan lo que los anteprecandidatos no pueden hacer en sus recorridos por el territorio nacional. Aunque los procesos en sí no se consideren violatorios de la ley, sí pueden serlo las conductas de los aspirantes y, en consecuencia, afrontar eventuales sanciones.
Plus online: La complejidad del Frente opositor
El método del opositor Frente Amplio por México, con firmas, encuestas y consulta parecida a una elección primaria, es sumamente barroco. Las inconformidades se manifestaron, desde que se anunció cómo sería el proceso, por parte del ex senador Juan Antonio García Villa, el senador Germán Martínez y el expresidente Felipe Calderón, entre otros.
Además, entre varios de los aspirantes prevalecen dudas sobre los procedimientos, y la principal de ellas se relaciona con el financiamiento. Las 50 preguntas planteadas por la senadora Lily Téllez, asesorada por Roberto Gil Zuarth, son pertinentes y convendrá que las instancias del Frente las respondan y precisen, aun cuando la senadora haya decidido no continuar en el proceso.
Una de las principales preguntas es: “¿Cuáles serán las reglas de financiamiento, fiscalización y transparencia aplicables al método interno? ¿Cómo se blindará el proceso de la influencia de dinero ilegal?”
Si las dudas e inconformidades no son atendidas oportunamente, se abrirá un indeseable panorama litigioso para la oposición.
Del proceso oposicionista también se ha apartado un grupo de ciudadanos que, aparente e ingenuamente, esperaban que tres partidos políticos les entregaran el proceso para determinar una de las más importantes decisiones partidarias: la definición de su candidato presidencial.
POR EDUARDO R. HUCHIM
@EDUARDORHUCHIM
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