Nuestro país ha sido objeto de diversas transiciones políticas a lo largo de su historia. Aunque las más visibles son aquellas que han hecho uso de la violencia para modificar las estructuras estatales, también existen procesos menos considerados, que paulatinamente y sin expresarse en grandes conflictos sociales cambian el régimen político. Estos procesos redefinen la lógica de nuestro sistema, reflejándose en la opinión pública, la conciencia colectiva e incluso, en nuestro sistema normativo. Un ejemplo de esta situación es lo que ocurre cuando un poder del Estado, se vuelve más fuerte que sus iguales, como ocurre con los fenómenos llamados “presidencialismo” y “parlamentarismo”.
En estos escenarios, un poder del Estado que en principio debe de estar en igualdad de circunstancias que los otros poderes, por razón del apoyo popular, las disposiciones normativas secundarias o incluso por meras razones históricas, se coloca en una posición de superioridad. Siguiendo esta línea de razonamiento, en nuestro país encontramos tenues atisbos del parlamentarismo en el siglo XIX (que son mucho más notorios en otros países) y un claro presidencialismo en el siglo XX. No obstante, nunca hemos tenido un siglo en que el protagonismo recaiga en el poder judicial.
Este siempre se ha mantenido como un poder distante, ajeno al ojo público y en muchas circunstancias subordinado a los otros poderes. Sin embargo, esta pauta ha ido cambiando paulatinamente en el mundo. Solo en nuestro país, la creciente relevancia de la voluntad judicial se manifiesta en algunos eventos que ocurrieron en estos meses. Por ejemplo, en el caso García Rodríguez contra México, la corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones graves a los Derechos Humanos en materia de prisión preventiva y arraigo.
Nacionalmente, también podemos ver como la decisión judicial aumenta su importancia en la institucionalización de nuestro país, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por los grupos minoritarios del congreso contra la reforma electoral “plan b”. La resolución que recayó en la primera parte de esta reforma, la estableció como inconstitucional y la dejó sin efectos.
Ambos precedentes reflejan lo que ya muchos estudiosos del derecho habían estado augurando desde hace tiempo; estamos ante el siglo del poder judicial. Sin embargo, esta circunstancia no precisamente implica que vayamos a vivir décadas de respeto estricto a la legalidad (como tampoco vivimos un siglo de administración eficiente con el presidencialismo). Por lo que solo el tiempo dirá qué ventajas y desventajas traerá la creciente importancia de este poder del Estado.
POR CRISTAL PELAYO
@PELAYO_CRISTAL
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y TRABAJO LEGISLATIVO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
LSN
