En los 18 años que han transcurrido desde que se supo de los primeros secuestros de migrantes en México, estos eventos, con mayor o menor frecuencia, han formado parte de los graves delitos que padecen las personas indocumentadas en el país.
Los secuestros comenzaron cuando las bandas del crimen organizado extendieron sus actividades al tráfico de migrantes, atraídas por el incremento de las tarifas para pasar a Estados Unidos, causado a su vez por el acentuado aumento de las medidas de vigilancia en la frontera tomadas por las autoridades de ese país.
Los secuestros comenzaron cuando las bandas del crimen organizado extendieron sus actividades al tráfico de migrantes, atraídas por el incremento de las tarifas para pasar a Estados Unidos, causado a su vez por el acentuado aumento de las medidas de vigilancia en la frontera tomadas por las autoridades de ese país.
El pasado mes de abril se supo del secuestro de 23 personas de diversas nacionalidades en la carretera 57, cerca de Matehuala, San Luis Potosí. Sorpresivamente, las autoridades hallaron a un total de 105 migrantes que habían sido privados de su libertad.
Como reiteración de aquellos hechos, la semana pasada fueron interceptados 49 migrantes que circulaban por esa misma carretera, y que unos días después fueron encontrados con vida en diversos puntos, algunos en la propia pista, otros en viviendas y algunos más en una casa de seguridad, en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León.
Lo más importante es haber hallado con bien a los 23 hombres, 15 mujeres, seis niños y cinco niñas, originarios de Honduras, Venezuela, Haití, El Salvador, Brasil y Cuba, así como a los dos operadores del autobús en que viajaban.
Enhorabuena que patrullen la zona elementos del Ejército y la Guardia Nacional, porque no se puede descartar la ocurrencia de hechos similares y porque siguen abiertas algunas preguntas, entre otras: ¿A quién y cuánto habían pagado estos migrantes para ser llevados al norte en un autobús en el que sólo ellos iban? ¿Cómo los detectaron, quiénes los interceptaron y con qué fin? ¿Cuáles son los detalles de su escape o liberación?
Un migrante hondureño declaró a la fiscalía de San Luis Potosí que uno de los secuestradores les dijo: “El problema es que el chofer no se reporta con nosotros, como debe hacer siempre que pase por aquí”. El migrante dijo también que los secuestradores habían exigido sin éxito al dueño de la unidad mil quinientos dólares por cada uno de ellos.
Esta exigencia de un peaje delincuencial puede colocar a otros migrantes en medio de una disputa que les es ajena y de la que pueden ser víctimas.
El estado de alerta en esa zona no puede relajarse, pues los eventos de abril y mayo harían suponer una constante que merece atención para impedir la repetición de secuestros, y especialmente para evitar una eventual acción criminal que todos lamentaríamos, verbo que se materializa, por definición, siempre demasiado tarde.
POR MAURICIO FARAH
ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS
@MFARAHG
PAL
