La palabra “burocracia” es comúnmente atribuida a algo engorroso, a una tramitología enorme e innecesaria, a la ineficiencia en el sector público. Por ende, el burócrata es tildado como un funcionario “que no trabaja” y se le otorga un salario “por hacer nada”. El concepto del burócrata siempre va en sentido peyorativo, sin embargo su origen no fue de esta manera. “Bureaucratie”, lleva impli´citos dos componentes lingu¨i´sticos: “bureau”: oficina y “cratos”: poder. Apela a la idea del ejercicio del poder a trave´s del escritorio de las oficinas pu´blicas y, aunque algunos expertos encuentran su origen en Francia, para la mayoría de autores este concepto fue acun~ado por el propio Max Weber.
En este sentido, para Weber, una burocracia es una gran organizacio´n que opera y funciona con fundamentos racionales, es decir la burocracia es un modelo de organización, misma que -weberianamente- debe ser eficiente por excelencia, diseñada para resolver racional y eficientemente los problemas de la sociedad y, asimismo, los burócratas deberán ser personas con las mayores aptitudes técnicas y éticas para desarrollar el cargo correspondiente a los perfiles configurados. Una persona que se desempeña en el servicio público tendría que ser intachable (incluso en su vida privada) y un ejemplo para la sociedad.
En nuestro país “la burocracia weberiana” dista mucho de la realidad y tenemos ejemplos (lastimosamente muchos) de burócratas que han incurrido en faltas y agravios que van en sentido opuesto de la eficiencia y la ética. Pero no por siempre tiene que ser así, por lo que celebro la aprobación de la iniciativa de “ley 3 de 3 contra la violencia”, con 63 votos a favor y dos abstenciones, el Senado aprobó el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Dicha ley tiene como objetivo primordial que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar ocupe un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal y municipal, así como en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Además de ser una ley necesaria (dado los tiempos en que vivimos) es oportuna pues sería parte de las normativas que habrán de regir en el próximo proceso electoral 2023-2024 y se envía un claro mensaje de cero tolerancia hacia aquellas personas faltos de ética -en el ámbito personal- que quieran formar parte del servicio público en nuestro país.
Y es que se debe cambiar la perspectiva sobre el servicio público en México, comenzando con decirlo con todas sus letras: lo personal es político. Quien violente a miembros de su familia, quien haya agredido sexualmente a otra persona, quien ejerza cualquier nivel de violencia en contra de las mujeres en razón de género, no merece ser parte de la burocracia. Quien le niegue lo que legal y legítimamente le corresponde a las y los hijos para su desarrollo, no merece estar en ninguna boleta electoral, nunca. Esta ley es un gran primer paso, ahora se tiene que ser muy estricto en su implementación y que lo que marca la legislación ocurra en los hechos y que ningún violentador y/o deudor llegue a la burocracia y así reivindicar este concepto.
POR ADRIANA SARUR
COLABORADORA
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MAAZ
