En días recientes, el tema del cambio de adscripción de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha generado controversia y un amplio debate acerca de la viabilidad de esta medida, pero, sobre todo, entorno de las bondades de seguir o no, con el ejército en las calles.
Al respecto, es importante referir que la permanencia de las fuerzas castrenses en la esfera pública no debería ser todavía un tema en comento, debido a que, desde hace tres sexenios, la situación en México no ha cambiado de manera radical con relación a la seguridad publica y a las múltiples derivaciones que fenómenos como el narcotráfico, han acarreado en muchas zonas del país.
Muchos estados de la República serían zonas ingobernables e insalvables, sin la presencia de los elementos castrenses al interior de sus demarcaciones. Ante dicho fenómeno, queda claro que hay motivos que obligan a recurrir a los militares, pero también hay razones, para establecer límites y precauciones.
No es correcto, ni pertinente, darle una carta firmada en blanco a ninguna corporación tanto militar, como policial, sin la debida supervisión en el cumplimiento de protocolos de disciplina. El debate en estos términos tendría que ser otro. En la narrativa que el Presidente ha hecho para recurrir a los militares, se han filtrado buenos y malos argumentos. También de parte de sus críticos. Tiene razón el Ejecutivo cuando afirma que la situación de inseguridad es tal, que resulta absurdo tener a 300 mil elementos armados sin utilizar frente a un problema que ha devastado regiones.
Es evidente de igual manera que la capacidad de fuego de la delincuencia organizada ya no es la que fue en un pasado, sus componentes operativos se han sofisticado, también sus formas de organización, y ni se diga el presupuesto del que disponen. Lo irónico de toda esta situación, es que asociaciones de la sociedad civil no sólo parecieran ignorar dicho fenómeno sino, en suma, reafirman una y otra vez que la mejor solución para pacificar al país es fortalecer las capacidades de las policías. Y si bien es cierto que, en un mundo ideal, la respuesta sería la formación de policías profesionales y honrados, es un proceso que tomaría varios años.
Por lo que, no es casual que los gobernadores y habitantes de las zonas más inseguras soliciten la presencia de militares y la Guardia Nacional. Cuesta entender la defensa irrestricta que el Presidente está haciendo de los militares. Es decir, se entiende que existen razones legítimas y defendibles para incorporar a las Fuerzas Armadas, pero tal decisión tendría que ir acompañada de las medidas para responder a los temores que eso entraña. El precio de la desconfianza a partir de algunos casos de excesos por parte de organismos castrenses en el pasado, es lo que impide que la ciudadanía confíe por completo en los elementos castrenses.
Es fundamental que se estudie con detenimiento y seriedad la viabilidad de contar o no con un mando civil, pero, sobre todo, lo más importante, que los miembros de la Guardia Nacional deben contar con la preparación científica y procedimental para investigar casos del tipo policial con los que actualmente no cuentan, porque sencillamente no están en su formación profesional. La segunda etapa es asegurar su preparación con bases y fundamentos científicos orientados a desarticular la inteligencia delictiva, esa tiene que ser la prioridad.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
LSN
