La masiva concentración del domingo 26 de febrero, en el Zócalo de la Ciudad de México, debe ser saludada como un exitoso evento que resulta normal en una democracia y en una sociedad plural como la mexicana.
Esa concentración y su desdoblamiento en los estados acredita una vigorosa oposición al gobierno y la 4T que rebasa los ámbitos de los integrantes de la alianza PAN-PRI-PRD. Ese evento suprapartidario no debiera ser desestimado por nadie, menos aún por la 4T que debería analizar el asunto con ánimo de respeto a la otredad y de incentivo para hacer mejor las cosas.
Los eventos del domingo expresan el rechazo de una parte de la sociedad a las políticas del presidente López Obrador, no sólo la electoral, pero simultáneamente desmienten el discurso opositor que califica de autoritario y represor al actual gobierno. Salvo incidentes menores, los mítines que presentaron como bandera al INE se realizaron sin represión. Si nos miramos en los espejos de Nicaragua y Perú, para mencionar dos casos latinoamericanos, podremos advertir la diferencia entre un gobierno legítimo y democrático y otros que no lo son.
He sostenido y explicado que el llamado Plan B electoral tiene, entre sus objetivos, no la captura o debilitamiento del órgano electoral, pero sí la racionalización de su gasto y plantilla laboral. 14 mil millones de pesos y 17 mil trabajadores en un año sin elecciones federales acreditan la necesidad de tal racionalización.
Apunto un dato que en su momento fue divulgado por la Contraloría del propio INE (no por el actual OIC calificado de pro morenista): las plazas autorizadas crecieron 42.24% en cinco años: de 12,317 pasaron a 17,520 entre 2012 y 2017, o sea, 5,203 plazas más. Actualmente (28/02/23) la plantilla es de 17,703.
¿Le parecen muchos trabajadores al lector? Pues los excesos no paran ahí: además de sus más de 17 mil trabajadores, el INE paga asesorías y otorga jugosos contratos. Tengo para mí que esas contrataciones obedecen más a la búsqueda de adhesiones que a la necesidad de productos externos.
Ahora bien, aunque la 4T difícilmente lo admita, la masiva movilización del domingo acredita que la narrativa de la oposición ha tenido un notable impacto en la sociedad y, en buena parte de ésta, ha sido más convincente que la lopezobradorista.
Como consecuencia, en una parte relevante del imaginario colectivo prevalece la convicción de que sí se intenta destruir al INE, apoderarse del control de las elecciones y poner en riesgo los próximos comicios presidenciales. Yo no lo veo así, pero es obvio que así lo creen cientos de miles de ciudadanos.
Una lectura de esa evidente realidad es que la 4T ha depositado en los hombros de AMLO la tarea de difundir la visión del gobierno en diversos temas. Sin duda, el impacto de la palabra presidencial es muy fuerte, pero no es suficiente. De esto deberían tomar nota otros actores políticos y los diseñadores de comunicación gubernamental.
Plus Online: Confianza en la Suprema Corte
Son discutibles los dichos excluyentes del ministro de la Corte en retiro José Ramón Cossío, quien junto con la combativa Beatriz Pagés fue la voz de la oposición política y ciudadana en el Zócalo. Hablo de exclusiones porque en algunos pasajes de su discurso, Cossío -pese a su sensatez habitual- aludió a los participantes en las movilizaciones como si ellos fueran los únicos ciudadanos libres del país y los únicos demócratas.
El camino del diálogo sensato y del debate bien intencionado empieza por reconocer que una de las partes puede ser tan libre y demócrata como la otra y que el sostener posiciones opuestas no descalifica a los contrarios.
Cossío tiene razón cuando llama a confiar en los ministros de la Corte, pero no la tiene cuando afirma que serán “considerados corruptos si desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales” en materia electoral. Algo así hicieron los ministros en 2014, respecto al artículo 134 constitucional, pero no por eso fueron considerados corruptos (aquí, detalle sobre ese caso: http://bit.ly/3IDrwyP). De semejante manera, tampoco tiene razón el Presidente cuando lanza similares calificativos a los ministros, si no ratifican la validez de las reformas del Plan B.
¡Qué difícil es en México aceptar que el otro puede tener la razón! ¡Qué ajena nos es la otredad a los mexicanos!
POR EDUARDO R. HUCHIM
@EduardoRHuchim / omniacolumna@gmail.com
MAAZ
