El 1 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, misma que faculta a la Sedena para coordinar la vigilancia y la protección del espacio aéreo del país.
La sociedad debe estar atenta a estas modificaciones, ya que todo cambio de esta magnitud es de interés público de los mexicanos. Ante los constantes problemas de saturación en los vuelos (el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registró, entre enero y marzo de 2022, su máximo histórico en retrasos) y distintas situaciones reportadas por los medios de comunicación con el sistema aeroportuario (el cierre de Aeromar, el traslado del servicio de carga del AICM al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA)), han propiciado que el interés de la ciudadanía por conocer lo que ocurre con la regulación del espacio aéreo haya aumentado.
Como Comisionada del INAI, en la Ponencia a mi cargo hemos resuelto recursos de revisión dirigidos a, por ejemplo, el Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), cuya responsabilidad de la seguridad de los pasajeros es mayúscula. Por mencionar dos ejemplos, en noviembre de 2022 le instruimos a este sujeto obligado que informara sobre los incidentes reportados durante ese mismo año en los 59 aeropuertos que controla en el país, de igual forma, un solicitante demandó información respecto a la capacitación y certificación de los controladores aéreos.
Ante este tema de máximo interés que impacta en el desarrollo económico e incluso en la vida de las personas, la transparencia puede ser una herramienta que evite poner en riesgo la seguridad; sin embargo, como distintos especialistas han señalado, esta Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano va en detrimento del fortalecimiento de las autoridades civiles, en específico, de la Agencia Federal de Aviación Civil y de la propia SENEAM. Si bien existen riesgos latentes sobre actividades ilícitas en el espacio aéreo, así como de colisión entre aeronaves, la seguridad puede ser protegida también por instituciones civiles, dado que, como lo han documentado diversos expertos, la supervisión de aduanas, puertos y obras de infraestructura ya depende del Ejército y/o de la Marina, las cuales han incrementado sus roles a lo largo del sexenio.
El 21 de marzo, el AIFA cumple un año, y los focos mediáticos estarán puestos ahí. Es una buena oportunidad para recordar que la seguridad no debe ser adversaria de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas, y que el espacio aéreo debe supeditarse a esta lógica en todo momento.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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