Esta semana será discutida en Cámara de Diputados la iniciativa para darle al Ejército la administración del espacio aéreo y también el tema del cabotaje de pasajeros (que aerolíneas internacionales puedan hacer vuelos internos en nuestro país). Se trata de un proyecto del Ejecutivo que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con la que además se busca crear el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano para ser coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es decir, delimita las funciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como responsable del uso del espacio aéreo.
Algunas observaciones a la propuesta, realizadas por legisladores de oposición, revelan algunas problemáticas jurídicas:
Si bien la ley asegura que tiene por objeto regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la soberanía del espacio aéreo, no existe justificación para separar dichas funciones de las previstas en la Ley de Aviación Civil, y transferirlas a la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.
La exposición de motivos señala que la iniciativa obedece a solucionar los problemas de irregularidades respecto de licencias de vuelo falsas, suplantación de identidad, aeronaves sin documentos, transporte ilegal de hidrocarburos, operación en pistas clandestinas y corrupción de funcionarios que facilitan vuelos ilícitos.
No obstante, el otorgamiento de licencias, supervisión de aeródromos, construcción y autorización de pistas son actividades reguladas en la Ley de Aviación Civil, y cuyas facultades corresponden a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (artículo 6 de la Ley de Aviación Civil).
En este sentido, no existe relación entre la problemática señalada y la necesidad de crear una ley que militariza el espacio aéreo y la aviación civil.
En otro punto se plantea que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y no de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El punto en cuestión puede generar problemas operativos, porque de acuerdo con la Ley de Aviación Civil, en su artículo 20, la operación de las rutas depende de las autorizaciones que otorgue la SICT.
Lo anterior representa una clara invasión de competencias por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, dado que se transgrede el artículo 36 en sus fracciones I, V, VI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las cuales facultan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a administrar los servicios de control de tránsito, información y seguridad de la navegación aérea; fijar las normas técnicas de funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes; así como establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de aviación civil.
Ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina cuentan con las facultades necesarias dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para tener injerencia dentro de la vigilancia y protección del espacio aéreo.
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Uppercut: La iniciativa presenta un grave riesgo de que al aumentar los órganos que pueden decidir rutas y maniobras de vuelo, la falta de comunicación genere problemas que puedan derivar en accidentes.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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MAAZ
