Es primordial que México cuente y aplique mecanismos de atención ante desastres naturales, sobre todo por lo vulnerable que es ante éstos.
México está catalogado como uno de los países de mayor actividad sísmica del mundo y, también, aproximadamente el 40% de nuestro territorio y más de una cuarta parte de la población lidia con tormentas, huracanes e inundaciones. De ahí la importancia de tener con un método que dé respuesta a emergencias de este tipo.
Ante esta realidad, desde 1999 y hasta antes de julio del 2021, México contaba con un fideicomiso dedicado a atender catástrofes de origen natural: el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En la publicación anterior, con motivo de la desaparición de los fideicomisos del poder judicial, se explicaba que los fideicomisos son instrumentos legales y financieros que permiten guardar dinero para usarlo en el futuro con fines determinados. El FONDEN se usaba, específicamente, para apoyar a la rehabilitación de la estructura federal y estatal afectada por desastres naturales.
Sin embargo, luego del 2021, este mecanismo cambió las normativas de su funcionamiento. Ahora es una bolsa que dispone de menos de 18 mil millones de pesos, en comparación con los más de 30 mil millones que tenía al cierre del 2020.
En ese entonces, año con año, al FONDEN se le asignaba un presupuesto, recibía donaciones, parte del sobrante del ejercicio fiscal y contaba con rendimientos generados por inversión. Además, tenía un comité técnico y reglas de operación para el reparto del dinero después de los desastres naturales ocurridos.
Hoy en día, aunque es una bolsa que continúa operando y recibiendo recursos, es capital que casi no se ha usado para las afectaciones ocurridas por desastres naturales. Todavía no se sabe si estos fondos se van a usar para Guerrero.
Ahora, como sustituto del FONDEN, el gobierno contrató protección financiera con un bono catastrófico por 485 mil millones de dólares. Se contrató en 2020 y vence en marzo del 2024. Lo cierto es que los recursos del nuevo fondo parecen ser insuficientes para las necesidades reales de la tragedia.
Hasta ahora se ha propuesto que el dinero que se va a usar para ayudar a la población afectada por Otis es, justamente, los 15 mil millones de los fideicomisos eliminados del Poder Judicial. La Ministra Presidenta accedió concederlos y planteó la necesidad un mecanismo para ponerlos en práctica. Sin embargo, si se quisiera actuar acorde a la ley, habría que proponerlo a la Cámara de Diputados, que es la que se encarga de aprobar el tema del presupuesto.
Por la ubicación geográfica y demás características de México, y también por lo impredecible de la naturaleza, debemos estar preparados. Para esto se requieren no solo recursos, sino un plan de acción para hacer uso de ellos.
POR MARLENE MIZRAHI
COLABORADORA
@MARLENEMIZRAHI
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