Uno de los grandes problemas que tiene el sistema electoral mexicano es su falta de efectividad para fiscalizar el ingreso y el gasto que tienen los partidos políticos y candidatos. El dinero ilícito o “sucio” en la política es sancionado por vía administrativa y penal. El primero, dice la ley que se puede anular la elección por sobrepasar los topes a los gastos de campaña o recibir dinero prohibido, en la práctica innumerables candidatos gastan mucho más de lo permitido por la ley y reciben dinero de manera clandestina de particulares y de empresas, el resultado es total impunidad, nunca se ha anulado una elección por estos motivos. La materia penal corre la misma suerte que la anterior, son muy pocas las personas que van a la cárcel. Además, el dinero sucio en la política genera corrupción, los financiadores invierten en los candidatos y posteriormente, si ganan reciben de ellos jugosos contratos.
A la fecha las autoridades mexicanas no han tratado el tema del financiamiento de las campañas políticas por medio de criptomonedas, que, aunque suene fantasioso puede ser una realidad. Esta clase de dinero se encuentra encriptado, las transacciones pueden ser anónimas, existe poca regulación y es difícil definir la competencia de las autoridades investigadoras. Si de lo que se trata es dar dinero a los candidatos sin que deje huella y que no sea fiscalizado, las criptomonedas pueden ser una opción. Si es difícil fiscalizar el dinero convencional, más complicado será hacerlo en el cyber espacio.
Miles de millones de pesos se gastarán en las elecciones del próximo año. El INE la semana pasada estableció los topes a los gastos de precampaña y campaña. Para la presidencia del país será de 86 y 661 millones respectivamente, para diputados se fijó un gasto máximo de 2.2 millones de pesos por distrito electoral. El INE tiene en su estructura un área de fiscalización que debe considerar este tema y sería adecuado que trabajen con otras autoridades nacionales e internaciones para inhibir su uso. Existen normas internacionales que castigan el lavado de dinero y otros delitos financieros utilizando criptomonedas. También hay instituciones privadas como la Global Financial Integrity que tiene como objeto combatir la corrupción, la evasión fiscal, el financiamiento al terrorismo o la delincuencia organizada. Imaginen que pasaría si el narcotráfico financia campañas utilizando criptomonedas.
Si en México se quiere tener un mejor sistema electoral y empezar una cruzada responsable y seria contra la corrupción, es prioritario hacer una reforma exclusiva para el dinero y gasto en las campañas. Este tema debe ser atendido por la legislatura que inicie labores en septiembre de 2024. Ahora por lo menos deben poner en operación acciones precisas de fiscalización y establecer parámetros para evitar el dinero en las campañas utilizando las criptomonedas. Hay que tapar el pozo antes que el adulto de la competencia electoral se ahogue.
POR HÉCTOR DÍAZ SANTANA
PAL
