El pasado 10 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial por el que se crea, con carácter permanente, la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Seguridad de la Información. Sustituye así a la denominada Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Electrónico (CIDGE) creada desde 2005.
Según el decreto tiene como objetivo “establecer un mecanismo de coordinación y conducción colegiada de acciones para la implementación de las políticas federales en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y de la seguridad de la información”. Ello conforme al Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) y a la Estrategia Digital Nacional (2021-2024).
Esta nueva Comisión es presidida por el Coordinador de Estrategia Digital Nacional que depende de la Oficina de la Presidencia, y tiene como funciones principales las de fungir como instancia de coordinación, participar en la implementación de estrategias e impulsar actividades sobre el aprovechamiento de las tecnologías de la información (TIC) y la seguridad de la información (INFOSEC) en diversos sectores. De primera mano, da la impresión de que el gobierno federal se ha quedado corto en su intención regulatoria en la materia.
No obstante, a reserva de esperar a que se den los tiempos en que la nueva Comisión deberá emitir sus lineamientos de organización (en los siguientes 30 días hábiles), su creación es una buena oportunidad para retomar el debate sobre lo que debiera considerarse como Estrategia Digital Nacional.
Generalmente, y de manera errónea, es identificada como la estrategia del gobierno, circunscrita a las dependencias gubernamentales y dejando fuera a los sectores privados, académicos, científicos, universitarios, etc., que en materia cibernética necesariamente deben ser considerados en el diseño de la estrategia nacional.
De hecho, no es descabellado afirmar que el verdadero potencial para el país en materia cibernética está en el sector privado, tanto en los centros de enseñanza universitaria como en las áreas especializadas de las empresas dedicadas a las tecnologías de la información y comunicación.
Si bien es importante sentar las bases para organizarse internamente, que es justamente lo que se propone con la nueva Comisión, no debe de quedarse corta en sus alcances. El universo del internet obliga a sumar todas las capacidades nacionales, tanto públicas como privadas, para, eventualmente, estar en condiciones de tener acceso a la colaboración internacional.
Resulta necesario superar la visión de que el sector privado son solo proveedores de herramientas tecnológicas vendidas con sobreprecios que provocaron corrupción en los gobiernos anteriores. El avance tecnológico no puede estar siendo frenado por criterios de austeridad porque el rezago será mayormente costoso. La actualización algún día tendrá que pagarse.
El desarrollo tecnológico de un país generalmente deriva en una mejor calidad de vida. Hablar de soberanía cibernética o de recuperar la rectoría en materia digital puede medianamente operar en el sector gubernamental pero difícilmente en el mundo exterior donde la globalización es contundente.
Finalmente, si no se corrigen estas cuestiones corremos el riesgo de que los criterios de austeridad alejen a nuestro recurso humano especializado del sector público e incluso lo obliguen a voltear al extranjero.
POR DANIEL S. GUTIÉRREZ C.
CONCUSLTOR DE SEGURIDAD. INTEGRANTE DE LA UNIDAD DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY, COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
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