Como ya es sabido, desde la semana pasada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se decidió por Norma Lucía Piña Hernández para que sea la primera mujer en la historia en presidir nuestro Máximo Tribunal.
Norma Piña quien obtuvo los 6 votos necesarios para presidir al Poder Judicial Federal hasta 2026, se destaca por su seriedad, independencia, capacidad técnica, y desde luego el hecho que sea una funcionaria judicial de carrera. Lo anterior es muy importante, pero de suyo no resulta una garantía de independencia, Arturo Zaldívar como ministro fue extraordinario, como Presidente de la Corte lamentable. Generalmente quienes han integrado el máximo tribunal de México, han carecido de experiencia en el Poder Judicial, eso ha politizado las resoluciones, su distancia con la jurisdicción del día a día ha generado un país donde sus leyes y la aplicación sean tan distantes.
La independencia de la Corte, como poder, no tiene la función de confrontar los poderes de la Unión. Su objetivo es interpretar la Constitución y las leyes del país, pero sobre todo, ser un contrapeso, el poder garante del cumplimiento y apego a la norma, tanto del poder ejecutivo como del legislativo, y desde luego del mismo poder judicial en sus instancias inferiores.
Es muy relevante, que dentro de un país donde la meritocracia ha desaparecido, se haya nombrado a la primera presidente de la Suprema Corte en la historia de México por méritos propios, y no sólo derivado del doble discurso de la cuota de género. Piña fue electa por sus cualidades, no por el simple hecho de ser mujer. Sin duda fue la mejor opción para el cargo; ello por su independencia, su capacidad, por su persona, por su trayectoria como jurista, juez y como ministra.
Su elección genera una esperanza renovadora, sus antecedentes de independencia respecto a los otros poderes; envían señales positivas, inclusive a los mercados financieros. Piña votó a favor de detener la militarización de la seguridad pública, del uso recreativo de la marihuana, de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, de la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica y de la despenalización del aborto en Coahuila.
Los temas de mayor relevancia que deberán tratarse en 2023, son los amparos interpuestos contra la “reforma a la ley eléctrica” y el llamado Plan B contra el INE, que aún no cuenta con la aprobación definitiva en el Congreso, el cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la recomendación de dicho organismo sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, tema resuelto el 24 de noviembre pasado en nuestro país, bajo presiones del gobierno y lamentables discusiones y votos en contra, por parte de algunos de los ministros al proyecto de Luis María Aguilar.
Ya veremos si la nueva presidente de la Corte está a la altura histórica de la época en que le tocó presidir. En verdad espero que su paso por la presidencia no se remita exclusivamente al acontecimiento histórico relativo a su género. Ya lo comenzaremos a visualizar con los votos en la Corte en los temas más relevantes de la vida jurídica nacional. Ojalá que el cambio en la presidencia de la Corte sea un buen principio para reconstruir la legalidad en nuestro deteriorado sistema legal y judicial.
Norma Piña fue la mejor opción. México necesita más que nunca a su máximo tribunal. Un poder independiente que lo defienda frente a la ofensiva populista, frente a las ideas contrarias a la ley. México necesita una Corte que defienda al país de quien lo pretende transformar a su modo y a su gusto, involucionándolo. Veremos si la Presidente de la Corte, protege a México del capricho, la ocurrencia y de las decisiones que toma quien cuenta con el apoyo popular, pero no cuenta con el apoyo de la razón ni la ley.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
PAL
