Ahora la Guardia Nacional depende administrativa y operativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a leyes secundarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de septiembre de 2022.
El presidente de la República “cambió de opinión”. Por años defendió la postura de que los militares debían retornar a los cuarteles, pero hoy con un viraje drástico, transfiere a la Guardia Nacional, creada como una fuerza bajo un mando civil, a la Sedena.
La reforma viola la Constitución y ya hay quienes dicen que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero la verdad es que no podemos esperar mucho de unos ministros maromeros y abyectos al presidente de la República. Además, quiénes son ellos para velar que se cumpla con lo dispuesto en la carta magna, ni modo que le arranquen hojas a la misma.
El Ejército, una institución querida y respetada por los mexicanos, hoy ha sido usada por el presidente López Obrador, quien les ha encargado desde la construcción de un aeropuerto hasta el reparto de vacunas contra el covid. Hoy la gobernabilidad de su mandato depende en gran parte de las Fuerzas Armadas.
Organismos internacionales, sujetos atípicos del Derecho Internacional Público, rechazan la aprobación de reforma a la Guardia Nacional. Tanto la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado su preocupación por el cambio de opinión del presidente y pidieron reconsiderar estas modificaciones. Las cuales, según estos organismos, profundizan la militarización de las fuerzas de seguridad en el país.
Las reformas aprobadas no incluyen ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Sedena, lo que plantea, en opinión de la alta comisionada de la ONU-DH, serias preocupaciones en materia de derechos humanos.
A decir de la alta comisionada, Nada Al-Nashif, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha aumentado de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad sino al contrario, ha provocado un aumento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.
Pero esto que importa, la opinión de organismos internacionales es irrelevante y hasta ociosa, pues como ya lo dijo el presidente de la República: “la mejor política exterior es la interior”, y sino le gusta lo que opinan, los tachará de metiches e injerencistas.
En el ámbito interior, tampoco le preocupa mucho, ya que el presidente ya se dio cuenta de que la SCJN no es rápida para procesar las controversias y acciones de inconstitucionalidad que se promueven contra sus decretos, además de que con un poco de presión hacia los ministros de la Corte y señalamientos de que se arrepiente de los que él nombró en su mandato, estos se doblan más rápido que el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.
Vaya, que el presidente de la República ya le encontró la forma de salirse con la suya, claro con la complicidad de algunas instituciones, pero al final del día los que pagamos y pagaremos las consecuencias de decisiones erróneas somos el pueblo bueno y sabio.
POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO
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