Estados Unidos solicitó consultas a México, sobre las políticas energéticas de México que consideran violatorias al T-MEC.
México tiene 30 días para responder. Las consultas se prolongarían hasta 75 días, periodo en que se buscaría resolver el diferendo. Es una controversia Estado-Estado que no excluye que empresas privadas presenten demandas contra México.
EU detalló, aunque no limitó, las medidas adoptadas por México que, en su opinión serían contrarias al T-MEC: 1) Las enmiendas a la Ley de la Industria Eléctrica, que prioriza el acceso a las redes de distribución a la energía generada por la CFE en detrimento de los privados; 2) Retrasos, revocaciones y denegaciones a proyectos de empresas estadounidenses para operar en el sector energético de México; 3) Un decreto de diciembre de 2019 que permite solo a Petróleos Mexicanos continuar la importación de diésel con alto contenido de azufre, y 4) Una regulación de junio de 2022 que da ventajas a Pemex y CFE para utilizar de manera privilegiada la red de transporte de gas natural de México.
Las medidas tienen carácter legal diferente. La primera, se refiere a una Ley aprobada por el Congreso, en tanto las otras se ubican en el campo de las atribuciones legales y administrativas del Ejecutivo y, por lo tanto, tienen mayor posibilidad de ser enmendadas.
El planteamiento estadounidense suscitó el rechazo por parte del presidente López Obrador, por considerar que afecta nuestra soberanía. Se refirió al capítulo 8 del T-MEC sobre energía que reconoce la soberanía de México sobre los hidrocarburos.
Pero, por lo que conocemos públicamente de la posición de EU, no se pone en tela de juicio la soberanía mexicana sobre los hidrocarburos.
Lo que se impugna son medidas legislativas y administrativas que serían discriminatorias y violarían, al menos, otros cinco capítulos del T-MEC, en los cuales se garantiza el principio de “Trato Nacional”, que implica la no discriminación de las empresas extranjeras con relación a las nacionales.
¿Significa esto que se favorece a las empresas extranjeras sobre las nacionales? No. Se exige que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones.
Hay quienes piensan que en años pasados se buscó debilitar a la CFE y a Pemex para favorecer a las privadas nacionales y extranjeras y, que ahora, el gobierno tiene que regular a su favor. Puede ser un argumento válido, pero no se compadece con los compromisos internacionales adoptados por México, tanto en el T-MEC como en el Tratado Transpacífico. Y nuestro país negoció y ratificó dichos tratados que son parte de la legislación nacional. Si no los cumple, estaría violando sus propias leyes y soberanía.
¿Tiene EU razón en todo lo que argumentan? Probablemente no. De ahí la importancia de las conversaciones solicitadas. Sirven para aclarar posiciones, entender, por ejemplo, las razones técnicas que llevaron a los decretos de 2019 y 2022.
POR MARTHA BÁRCENA COQUI
EMBAJADORA EMINENTE
MARTHA.BARCENA@ELHERALDODEMEXICO.COM
@MARTHA_BARCENA
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