Fui usuario de Napster pero no uno entusiasta. Incómodo con su ilegalidad, limité mis descargas de su servicio a tracks que no pudiera procurarme de manera comercial, con el razonamiento de que, al hacerlo, no privaba a los autores intelectuales de sus legítimas utilidades. Era mi manera de preservar mi respeto al Estado de derecho al tiempo que celebraba la revolución digital, que me permitía acceder con solo un clic al anhelado soundtrack de Stan Getz para la película Mickey One, ahora reeditado pero entonces fuera de circulación.
Hoy, como casi todo mundo, consumo música de manera casi exclusiva por streaming, merced a Spotify, que me cobra, paga regalías a las disqueras, y éstas a los artistas. Moraleja: Napster era una idea brillante con un marco jurídico inadecuado; la discusión de este problema y la acción de las instituciones de derecho redundaron en su resolución no sólo más o menos feliz sino legal.
Lo que me lleva a hablar de los recientes escándalos de Uber y, en particular, de su vertiente francesa. Hace tres días, Mark McGann, ex ejecutivo de la empresa de transporte, filtró al periódico británico The Guardian más de 124 mil documentos que detallarían las presuntas malas prácticas de cabildeo internacional de Uber durante la gestión de su ex CEO y ex accionista mayoritario Travis Kalanick. Entre las principales víctimas del escándalo se cuenta el ahora presidente y entonces ministro de Economía francés Emmanuel Macron, cuyo “deal” con Uber –el torpe fraseo proviene de un WhatsApp del propio Macron– es hoy ubicuo (y dizque oprobioso) en la prensa mundial.
He leído todo lo publicado al respecto en The Guardian y en Le Monde. El tal deal sería el siguiente: hasta 2015, la empresa operaba en Francia UberPop, servicio que permitía a cualquier particular operar en la plataforma cuando mejor le pareciera sin necesidad de registro legal y a una tarifa muy baja, que dejaba a los taxis fuera de competencia. Macron les propuso la siguiente negociación: desaparecer UberPop a cambio de conservar un UberX con licencias simplificadas. Diría que es todo pero mentiría: allende el famoso deal –que no entrañó contraprestación financiera alguna para Macron ni para su campaña hasta donde sabemos– y tras un fallo del Poder Judicial que reconcibe la relación entre Uber y sus conductores franceses como una laboral, el gobierno del hoy presidente trabaja ya en una propuesta de regulación de los derechos de esos trabajadores que someterá al voto de la Asamblea Nacional.
La revolución digital no es optativa. Entraña reformas legales, y éstas negociaciones políticas. Cierto: las reuniones habrían debido ser públicas y el acuerdo es perfectible (por eso está perfeccionándose). Más allá, ¿que Macron se sentó a negociar con Uber? Era su trabajo. Dicho en buen inglés, big deal.
POR NICOLÁS ALVARADO
COLABORADOR
@NICOLASALVARADOLECTOR
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