Audaz en la construcción de relaciones para los negocios al amparo del poder, Juan Carlos Tapia acaba de librar una acusación por huachicol. Y lo hizo, inexplicablemente, contra todas las pruebas existentes.
El empresario hidalgunse es propietario de Construcciones Industriales Tapia, contratista que en Pemex ha estado vinculada al escándalo de corrupción entre Emilio Lozoya y Odebrecht.
Tapia es amigo de los ex gobernadores priistas de Hidalgo, Miguel Osorio Chong y Francisco Olvera, así como del actual Omar Fayad. Participó en la campaña de José Antonio Meade y ha sido patrocinador de varios gobiernos priistas en cuyos territorios, coincidentemente, se duplicó el registro de tomas clandestinas.
El asunto judicial que no fue, se remonta a 2017, cuando la hoy Fiscalía General de la República (antes Procuraduría) inició una investigación en contra de Citapia y sus accionistas por robo de combustible del poliducto Tula-Salamanca. Inexplicablemente Pemex, parte acusadora en el proceso, desistió.
Juan Alfonso Ríos Almazán, el apoderado de Pemex Transformación Industrial (PTI) manifestó ante José Rogelio Alanís García, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Hidalgo, el interés de la paraestatal de no continuar con el asunto.
Fue así como la agente del ministerio público Lizbeth Benítez Pérez, a cargo de integrar la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000397/2017, determinó el no ejercicio de la acción penal contra los socios de Citapia.
Lo anterior constó en la impugnación 1/2018 que se abrió ante el Centro de Justicia, donde el juez Rogelio Alanís, resolvió aceptar el desistitmiento de PTI. El asunto quedó archivado.
Pero el caso se presentaba sólido. Conforme a la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000397/2017 había numerosas pruebas para acreditar el presunto delito. Por ejemplo, este parte policial de los agentes Víctor Villafaña y David Hernández:
“Al seguir el rastro de la manguera de hule sobre el terreno baldío a 300 metros de la toma clandestina pudimos apreciar que se introduce a la empresa Construcciones Industriales Tapia por debajo de una barda trasera que delimita dicha empresa”.
Fueron los dos federales quienes detectaron la toma clandestina el 10 de marzo de 2017, en las inmediaciones del Parque Industrial Atitalaquia y el parte fue rendido ante la agente del ministerio público federal, Jannete Sánchez. Otro agente federal, Víctor Hugo Garduño, informó a Seguridad Física de Pemex.
Al día siguiente se llevó a cabo el cateo, encabezado por la fiscal Sánchez, mientras que agentes federales asumieron el resguardo de instalaciones e infraestructura, localizada en la comunidad El Cardonal, propiedad de Juan Carlos Tapia, adquirido en abril de 2012.
La defensa legal de Cintapia, alegó ante el ministerio público que el predio estaba rentado a una señora identificada como Josefina Cervantes Rosales, para usarlo como estacionamiento nocturno y de día operba como instalación de Cintapia.
El alegato fue lo de menos porque PTI se desistió, evitando así el juicio para su proveedor de estructuras de acero, tanques de almacenamiento, tubería y recubrimientos anticorrosivos para las refinerías, plantas petroquímicasy plataformas marinas.
La empresa de Juan Carlos Tapia, empresario tan cercano a Miguel Ángel Osorio Chong y Omar Fayad, ha realizado proyectos para clientes en Europa, Sudamérica y Estados Unidos. Entre sus clientes figuran Pemex, CFE y la Constructora Norberto Odebrecht.
Política y dinero en maridaje, otro caso de impunidad sin freno, ni siquiera en tiempos de la 4T.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
MAAZ