Los dos conceptos que el título encuadra: primero, el Estado de Derecho, y segundo, obras públicas, son totalmente reiterados, conversados y criticados por todos los ciudadanos, sin embargo estoy cierto de que pocos comprenden su verdadero concepto y alcance. Aquí trataremos de hacerlo en forma muy simple, esperando cumplir con el propósito.
Sin meternos en discusiones doctrinales, podemos afirmar que el Estado de Derecho es el cumplimiento irrestricto de las normas jurídicas en un país. Éstas no están hechas para “complicar” o “molestar” a los individuos. Están elaboradas y son vigentes para que la sociedad viva en armonía y paz, bajo el paraguas de una protección invisible, pero necesaria para la convivencia humana y la protección de otros bienes fundamentales para la vida humana.
Pensemos en las normas ambientales y de protección de hallazgos arqueológicos. Estas normas están hechas precisamente para preservar el gran regalo que la naturaleza, y nuestro pasado nos ha dejado, y que, de ser destruido, nunca volverá a recuperarse.
Las engorrosas manifestaciones de impacto ambiental y otros permisos no fueron concebidos como “meros trámites”, sino como medidas de análisis y salvaguarda de bienes que son de la humanidad en su totalidad.
Por lo que respecta a las obras públicas, estas no son los “contratos” que celebra el gobierno (federal, local o municipal) con un contratista.
Las obras públicas son todos los proyectos de construcción que son planeadas y ejecutadas por los tres órdenes de gobierno, por sí mismas o por un contratista, y que tienen un impacto en la sociedad y satisfacen las necesidades específicas de un sector.
Considerando que el gobierno (federal, local o municipal) es electo por los ciudadanos para proteger las leyes, debe de entenderse que este es el protector principal y primigenio del Estado de Derecho. Y en el caso de las obras públicas, la ecuación se puede leer así:
Los tres órdenes de gobierno son el principal guardián del Estado de Derecho en las obras públicas.
Pues durante años hemos visto que los gobiernos (federales, locales o municipales) no respetan el Estado de Derecho.
Nuestros representantes populares se esmeran por realizar obras públicas que no
son necesarias, que son dañinas a personas, bienes y comunidades completas en aras de sueños políticos.
Hemos visto por años como la ingeniería civil, la consultoría y el Estado de Derecho se han visto literalmente secuestrados por las ambiciones de la clase política. Proyectos no viables técnica y jurídicamente, programas de ejecución imposibles de cumplir ante fechas políticas “imposibles de postergar”, y toda clase de ambiciones insanas que ponen en peligro la vida, la salud, el medio ambiente y la historia, a través de la ejecución de obras innecesarias o mal planeadas y ejecutadas en caso de ser necesarias.
Sin importar el color político, la historia nos ha demostrado que, en términos generales, la clase política ha desdeñado la importancia de que las obras se planeen, ejecuten y entreguen conforme a las necesidades reales de la sociedad y cumpliendo con el Estado de Derecho.
La diferencia con nuestra actual administración es que nos prometió ser diferentes y lo creímos.
Para que dejemos de pensar en términos minúsculos, los invito a ver el documental Fireball: visitas de mundos oscuros, que se encuentra en la plataforma de streaming de la manzana.
En este reportaje, se explica que los cenotes fueron uno de los efectos del meteorito
Chicxulub, que hace 66 millones de años impactó a la tierra en nuestra querida península de Yucatán, causando la desaparición de los dinosaurios y la vida del planeta tal y como se conocía hasta ese momento.
Los cenotes, además, fueron y siguen siendo un elemento fundamental, no solamente de la geografía e hidrografía de nuestra hermosa península de Yucatán, sino que son parte fundamental de la cosmología maya, una de las más importantes del planeta.
¿Qué le puede hacer pensar a la clase política que puede borrar con un plumazo y con simples deseos políticos formaciones geográficas que son parte de nuestra historia planetaria? ¿Qué mentalidad pudiese llegar a considerar que una obra pública, independientemente de su necesidad, puede trastocar y destruir el legado universal de 66 millones de años y de una cultura admirada universalmente?
Este es sólo un ejemplo de lo que está pasando. Los seres humanos que vivimos hoy en día pensamos que somos importantes. Si tuviéramos una máquina para retroceder 66 millones de años, y vivir ese momento, veríamos que nuestra existencia no es nada junto a la majestuosidad del universo.
Debemos exigir a la clase política que respete el Estado de Derecho con seriedad, y no solamente con “palabrerías”.
El tiempo se está agotando para revertir todos los daños de proyectos que lo único que acarrearán es una debacle para nuestras futuras generaciones a nivel mundial.
POR ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA
VICEPRESIDENTE DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA CNEC
@CNEC_MEXICO
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