Hace algunas semanas, y con motivo de ciertos sucesos ocurridos en Nuevo León, que generaron impacto mediático nacional, desde este espacio reflexionábamos en torno a un pendiente ineludible: la consolidación de un modelo educativo integral con perspectiva de género, en el marco del diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a la regeneración del tejido social, y particularmente a la prevención del fenómeno de la violencia contra las mujeres.
Con ese antecedente concreto, y la incesante reiteración y acumulación jornada tras jornada de lamentables precedentes de violencia de género en todas las regiones de nuestro país, se vislumbra una oportunidad para alzar la voz y seguir recapitulando y reflexionando en torno a esta problemática, la cual, sin duda, ha jugado un papel fundamental en la generación del escenario de descomposición social que, desafortunadamente, se hace presente en gran parte del territorio nacional.
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En primer término, vale la pena enmarcar al fenómeno de la discriminación como el caldo de cultivo que ha derivado en el panorama generalizado de violencia de género en todos los niveles de nuestra sociedad. Lo anterior, entendiendo que la discriminación de la mujer se presenta en un ámbito interseccional –comenzando precisamente desde la educación—, dando lugar a la evolución desenfrenada de la desigualdad en todas y cada una de las etapas de la vida de ellas.
También juega un papel relevante en la gestación de la violencia de género los estereotipos y la asignación de roles, los cuales encapsulan e inhiben a las mujeres para alcanzar su máximo potencial: etiquetas, atributos o características simplemente por pertenecer al género femenino. Y es que la estereotipación es, precisamente, una de las razones que provocan que ciertos grupos sufran violaciones a sus derechos humanos o libertades fundamentales. Tal es el caso de la gran mayoría de las mujeres en nuestro país.
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Esta realidad de violencia encuentra reflejo específico en la medición de diversos parámetros, los cuales nos indican que, desde 2016 y hasta a la fecha, la violencia en contra de las mujeres ha presentado un aumento constante. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, de 2016 a 2020 los feminicidios a nivel nacional aumentaron de 606 a 948; respecto a presuntos delitos de violencia familiar, en ese periodo se incrementaron de 153 mil 893 a 220 mil 30, lo cual implicó un aumento de 42 por ciento en cuatro años, siendo las mujeres las principales afectadas.
En tales circunstancias, y en estricta reafirmación de lo desplegado en este espacio, podemos decir que sólo mediante un nuevo paradigma de modelo educativo anclado desde la perspectiva de género podremos avanzar hacia la rearticulación de un tejido social que garantice que mujeres y niñas encuentren espacios de bienestar y seguridad, siempre a partir de una visión transversal de formación en la equidad, la no discriminación y la erradicación de los estereotipos imperantes, en beneficio de una sociedad más incluyente.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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