Las instituciones de seguridad cargan con el descrédito cuando los indicadores delictivos son desfavorables. No es novedoso el linchamiento a las policías de los tres órdenes de gobierno, ni que los funcionarios responsables de la seguridad sacrifiquen, por ese solo hecho, parte de su reputación.
Cuando las instituciones de seguridad dan resultados respaldados por datos duros, la administración en turno encarece sus activos políticos. Dicho de otra manera: buenos resultados en seguridad coadyuvan a fortalecer la imagen de quien ejerce el gobierno. Por el contrario, donde la seguridad es un lastre, se imposibilita posicionar el buen desempeño en otros rubros.
Error común de muchos gobernantes ha sido cargar sobre sus hombros el peso de la estrategia de seguridad al asumir roles que no les corresponden, como dirigir operaciones o girar instrucciones guiadas por la agenda coyuntural. Hacen de la seguridad parte del discurso y modifican su rumbo con la misma facilidad que lo hace el viento.
El resultado es catastrófico para sus aspiraciones y, aun peor para la sociedad que gobiernan. En las mejores prácticas, los gobernantes ceden la agenda de seguridad a quienes están técnicamente preparados para desempeñar la función; a hombres y mujeres que desean trabajar en la consecución de sus fines sin importar el color del partido en el poder. Así se explica que las más importantes instancias de seguridad a nivel mundial sean centenarias y sigan acumulando historia.
He dicho en colaboraciones anteriores que, en seguridad, una política exitosa se traduce en protección eficaz a los ciudadanos y sus proyectos de vida. Ejercer el poder entraña más desafíos que los de la lucha por su obtención. El líder político debe transformarse eventualmente en ejecutor y constructor de política pública, la más alta responsabilidad en tareas de gobierno.
Dentro de éstas, la seguridad ocupa un lugar de privilegio. Un gobernante con visión de Estado sabe delegar las tareas estratégicas; armoniza el esfuerzo colectivo de su gabinete y los motiva a alcanzar sus metas, no solamente en el discurso, sino con presupuesto y esquemas de supervisión para evitar extravío en el rumbo de su gobierno.
En México vivimos tiempos en que los resultados en materia de seguridad son el referente de los demás. Entenderlo así haría que más gobernantes en los ámbitos estatal y municipal deleguen esta función en profesionales de la materia. 2024 representa una posibilidad de rectificar el rumbo en seguridad.
Existe evidencia de modelos eficaces, como el de la Ciudad de México, bajo el liderazgo de Omar García Harfuch, el de Alberto Capella, cuando encabezó la seguridad en Morelos y Quintana Roo y otros más que merecen un texto a parte, como el que a discreción se implementa en Guanajuato.
La seguridad es pues, la fiel de la balanza al evaluar un gobierno. Quienes aspiren a gobernar están obligados a profesionalizarla, no a politizarla. Ojalá lo entiendan.
POR MANELICH CASTILLA
COLABORADOR
@MANELICHCC
MAAZ
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