El aborto puede ser analizado desde la biopolítica de Foucault, como la capacidad del poder de incidir sobre la vida, administrarla, regularla e inhibirla. También forma parte de lo que Ginzburg y Rapp (1991) denominan como "política de la reproducción", o de lo que más recientemente Morgan y Roberts (2012) consideran como "gobernanza reproductiva", entendida como los mecanismos a través de los cuales distintos actores (como gobiernos, iglesias, organizaciones, etc.) utilizan instrumentos legislativos, incentivos económicos, principios morales o éticos, y/o coerción directa, para orientar y controlar el comportamiento y prácticas reproductivas. En este contexto, nos interesa analizar cómo los sujetos sociales implicados en el proceso del aborto y, más en concreto, los profesionales sanitarios y las mujeres, generan unas estrategias discursivas propias, que asumen, negocian o combaten los principios hegemónicos existentes. A su vez, estos principios no son homogéneos, sino que se hallan en disputa, confrontando visiones contrapuestas.
Desde el punto de vista médico, el aborto se trata como una entidad ligada al cuerpo de los sujetos, y a pesar de los tratamientos que se realizan desde la biomedicina sobre los cuerpos como ocurre en este caso, el aborto nos oferta la posibilidad de ser analizado desde el cuerpo como fenómeno cultural. La dialéctica entre las percepciones sociales y los instrumentos de la biopolítica se hallan bien reflejados en la teoría del cuerpo descrita por Scheper-Hughes y Lock (1987): las autoras proponen que desde las experiencias de enfermedad, dolor y salud emergen características culturales que muestran formas de ordenamiento social.
Según esta teoría, este concepto englobaría las políticas sobre sexualidad y planificación familiar referentes al aborto. La legislación vigente que permite abortar sin incurrir en un delito condicionada a ciertas semanas de gestación y ciertos supuestos, los recursos establecidos por las políticas sanitarias y las opciones que ello ofrece quedarían circunscritos en realidad bajo la normativa.
El acceso de las mujeres al sistema sanitario para satisfacer su demanda bajo la legislación sin incurrir en un delito y en condiciones seguras quedaría definido bajo el cuerpo político.
No obstante, el análisis del aborto como proceso sociocultural no sólo precisa de unas normas y una mujer con test de embarazo positivo que decide abortar, también hay que tener en cuenta el contexto en el que se va a desarrollar. Es aquí donde el cuerpo social tiene su significado.
El aborto se representa y se narra desde diferentes perspectivas en función de los actores implicados. Esta variabilidad que se da en la realidad, en cuanto a legitimar el aborto voluntario en base a las causas de la interrupción es la que nos permite tratar el aborto como un proceso social además de precisar de un tratamiento médico. Esta dimensión no solo incluye a las mujeres que deciden abortar por las diferentes causas que se puedan dar, personales o sociales o causas médicas, también incluye a los profesionales sanitarios con sus nomenclaturas propias. Y también es importante la red social más cercana y cotidiana de las mujeres.
Hay que resaltar que la mujer para legitimar su decisión no sólo precisa de una ley y de un sistema sanitario, resulta de gran relevancia la aceptación y la conformidad por parte de su entorno más cercano, ya sea familiar o cotidiano.
Por último, el cuerpo individual nos aportaría la representación del aborto desde la parte más corporalizada del sujeto, descripciones como dolor, culpa, estigma, miedo son reproducidas por las mujeres para definir sus experiencias, producidos por el propio modelo médico hegemónico que es la vez el que trata el aborto, constituyendo la herramienta elegida y formando parte del cuerpo político. Es decir, es una decisión que acaba por recordarse bajo vocablos que denotan estar ante una experiencia negativa que podríamos explicar el tomar el aborto como un acto contranatura en contraposición a la maternidad naturalizada tanto desde perspectivas socioculturales, religiosas o éticas y económicas (Martínez, 2013).
POR LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA
ECONOMISTA
CAR
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