El 24 de mayo el tiroteo de la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas, acaparó la atención de los medios, de la sociedad y de los gobiernos de Estados Unidos y México: más de 19 niños y dos profesores habían sido asesinados a manos de un joven de 18 años.
Durante este 2022, EU contabiliza 212 tiroteos masivos, de los cuales, 27 han sido en escuelas, en sólo cinco meses, según datos del grupo de investigación Gun Violence Archive (GVA).
Estos atentados, hasta el momento, han sido imposibles de prevenirse, generan gran cantidad de muertes y generalmente el tirador también muere. Dice la GVA que es considerado como “su último acto”.
Pero, de este lado de la frontera ¿cómo estamos?. Bueno, pues resulta que cinco días antes de la masacre en Uvalde, el 19 de mayo, en la Escuela Secundaria Diurna No. 88 “Dr. Nabor Castillo”, ubicada en la Colonia Jardín Balbuena III, Venustiano Carranza, un alumno amenazó a sus compañeros con llevar un arma y dispararles a todos.
Por medio de su estado en WhatsApp y otras redes sociales, el joven de segundo año de secundaria anunció ese jueves que llevaría un arma y la accionaría. Debido a que la mayoría de los estudiantes recibieron la alerta, sólo 15% asistió a la escuela por el temor de que se cumpliera la amenaza.
El sábado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) envío una tarjeta informativa para anunciar las acciones que se tomaron por este hecho:
I. Establecer contacto inmediato con la madre del alumno.
II. Intensificar el protocolo de presentación de útiles.
III. Dar aviso al 911, por lo que se recibió la visita de personal de la Secretaría de Atención Ciudadana.
IV. Solicitar a los padres de familia dar aviso inmediato a las autoridades de la escuela (maestros, trabajo social, orientación, subdirección y/o dirección) ante cualquier situación de riesgo.
V. Canalizar al alumno a tratamiento psicológico.
VI. Presentar denuncia ante la Fiscalía General de Justicia.
VII. El alumno fue suspendido del plantel.
Al constatar que circula en redes sociales la imagen del alumno portando un arma, las autoridades escolares interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia.
Ahora bien, el alumno fue dado de baja de la institución, ¿es la medida correcta? La prevención va mucho más allá de una suspensión o de denunciar a un menor por portación de arma de fuego. En EU la mayoría de los tiradores de las escuelas han esperado cumplir los 18 años para poder comprar armas. Acá en México la cosa es más fácil.
Recordemos que en 2017, un niño disparó contra la maestra y sus compañeros en Monterrey y se suicidó dejando heridos graves. Dos años después, en Torreón (Coahuila), otro estudiante, de 11 años, mató a su profesora y dejó heridos a varios alumnos.
¿Cómo evitar que las frustraciones o los daños emocionales generados por el bullying al interior de las escuelas acabe?, ¿cómo ayudar a que las víctimas de esto superen las humillaciones que marcaron su vida? Urge poner atención en esto ¿o será hasta que ocurra una masacre como todas las que ya hemos visto?
POR KARINA ÁLVAREZ
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