Existe un mayor presupuesto asignado a los programas asistencialistas que al desarrollo de infraestructura social, a pesar de ser este último un mecanismo eficiente para reducir la violencia
Los proyectos de infraestructura han sido un pilar fundamental para detonar el desarrollo de México. La inversión estatal en este rubro permite generar beneficios importantes a las comunidades. Algunos de ellos son generación de empleo, acceso a servicios públicos y oportunidades de desarrollo.
Las bondades de los proyectos de infraestructura, en especial con un enfoque social, son un elemento importante para tratar, desde las causas, la espiral de violencia que nos afecta a todos los mexicanos.
La presente administración se ha enfocado en una estrategia en reducir la pobreza, que, desde la visión del presidente López Obrador, es el factor más importante en el origen de violencia y delincuencia que sufrimos los mexicanos. Para ello, emprendió diversos programas asistencialistas. Por desgracia, las estadísticas de la administración e instituciones internacionales evidencian la falta de resultados. En resumen, somos más violentos, hay más pobreza y, por ende, la brecha de desigualdad cada día se acentúa más.
Ante los resultados en las pasadas y actual administración, considero que se deben buscar otras alternativas para atender el problema y dejar de enfocarlo en asistencialismo o uso de la fuerza pública. Una estrategia integral cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras a través del acceso a oportunidades de esparcimiento y vivienda digna, en lugar de desarrollarse en localidades inmersas en condiciones de alta marginación.
Acaso 840 pesos mensuales de la beca Benito Juárez para niños de primaria evitan —por arte de magia— que los niños después del colegio vivan en lugares sin infraestructura para hacer ejercicio, jugar o tocar un instrumento musical que permita alejarlos de la drogadicción y la delincuencia; o los patrullajes de cuerpos de seguridad federales erradican —por arte de magia— la violencia, falta de oportunidades o el resentimiento a otras personas ante la marginación en la que viven.
Los pobres resultados abren la puerta a un mayor impulso de proyectos de infraestructura a nivel nacional como catalizador y propulsor para generación de oportunidades (inversión, empleo, derrama económica, obras y disminución de la delincuencia) en todas las regiones del país, sin que ello implique el olvido de la seguridad pública.
Según Luis Herrera-Lasso, en su estudio Factores que propician la violencia y la inseguridad: apuntes para una estrategia integral de seguridad pública en México, se destaca como elemento fundamental de la violencia e inseguridad la falta de inversión en infraestructura física como medio para reducir la marginación y elevar la calidad de vida de zonas urbanas marginadas. En su análisis, divide los programas en dos grandes rubros. Por un lado, la infraestructura en materia de vivienda ayuda a mejorar el ambiente cotidiano de una familia. Por ejemplo, una vivienda con acceso a servicios básicos permite reducir el estrés de los miembros de la familia, logrando menos niveles de violencia. Por otro lado, el estado de la infraestructura fuera de la casa-habitación (espacios comunitarios) incide de manera directa en las condiciones de seguridad y del estado anímico de una sociedad, espacios públicos en los que usuarios de todas las edades encuentren áreas alternativas al hogar para socializar y realizar otras actividades.
De igual forma, ONU-Habitat (organismo de la Organización de las Naciones Unidas) señala e identifica a la planificación urbana y el desarrollo de infraestructura como un factor fundamental en prevención del delito. Algunas de las propuestas y hallazgos derivados de diversos análisis son: 1) las colonias con mejores vialidades permiten acciones policiacas con mayor rapidez, asimismo, los grupos criminales buscan operar en áreas de difícil acceso, por lo que en la medida en que haya mejores condiciones, la localidad podrá ser más segura, y 2) las áreas sin transporte público o con servicio precario tienden a aislarse y pueden producir espirales negativas de delincuencia, desempleo y desigualdad. La falta de movilidad reduce sustancialmente las oportunidades para desarrollarse en lo personal y profesional.
La actual administración cuenta con un programa de infraestructura social denominado Programa de Mejoramiento Urbano, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encabezada por Román Meyer Falcón. Con ello, se ha logrado construir obras (parques, mercados públicos, malecones, deportivos, entre otros), para reducir marginación y desigualdad.
Desafortunadamente, no se le ha dado la importancia que reviste para la prevención del delito y la violencia. Hoy en día existe mayor presupuesto asignado a programas asistencialistas que al desarrollo de infraestructura social, a pesar de ser este último un mecanismo eficiente para reducir la violencia, prevenir delincuencia y ser un motor de desarrollo.
POR ERNESTO BELTRÁN NISHIZAKI
ASOCIADO DE GALTEC ASESORES
@ERNESTO_BN
PAL
SEGUIR LEYENDO: