MIRANDO AL OTRO LADO

Leyes manipuladas mientras el mundo nos juzga

El Poder Judicial en México ha abandonado su autonomía para convertirse en el sirviente desmoralizado del Poder Ejecutivo

OPINIÓN

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Ricardo Pascoe Pierce / Mirando al Otro Lado / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

El Poder Judicial en México ha abandonado su autonomía para convertirse en el sirviente desmoralizado del Poder Ejecutivo. Y el mundo observa, pasmado, este deterioro. Los casos son tantos que un breve listado produce náuseas.

Una juez suspendió a la Alcaldesa Sandra Cuevas de la Alcaldía de Cuauhtémoc brincando los elementos fundamentales de la jurisprudencia que supuestamente rige en un país civilizado, empezando por la presunción de inocencia hasta que se haya comprobado lo contrario y el debido proceso en cualquier caso. Queda dolorosamente claro que es en el ámbito de los políticamente poderosos dónde se decide si son aplicables, o no, estos principios. En el caso de la Alcaldesa de referencia, los poderosos decidieron que no, no se aplicarían esos principios jurídicos básicos que se supone son la piedra angular de nuestro sistema judicial, siendo derechos de todo ciudadano.

La Alcaldesa ha sido suspendida de su cargo de forma ilegal y violando el debido proceso, en tanto no fue ni siquiera escuchada antes de dictar sentencia. Fue un acto fulminantemente político aplicado a una enemiga de los políticos poderosos y, además, con una cuota de misoginia que sería la envidia de cualquier Putin. Excepto que, en este caso, fue la venganza de una mujer contra otra mujer.

El caso de Rosario Robles es diferente, pero, al mismo tiempo, es exactamente lo mismo. El poder político, ahora desde la Presidencia de la República, decidió aplicar todo su odio y resentimiento en contra de una mujer que, según el varón Presidente, le agravió en algún momento de sus atribuladas y mutuas carreras políticas paralelas. Había que vengarse y, para ello, utiliza el siempre doblegado Poder Judicial como instrumento ideal. No importan las pruebas falsas, una licencia falsificada, por ejemplo, lo importante es la justificación para que permanezca en la cárcel todo el tiempo posible, preferentemente el resto del sexenio. Y así será. El resto del sexenio. Los jueces revisores confirman, sin ver, el caso para evitar incomodar al Poder Ejecutivo. ¡Nada más faltaba!

El Fiscal General de la República es recibido como campeón por senadoras y senadores en petite comité en privado (digo, para no incomodar al poder político que representa) quienes se toman selfies con un personaje que mal usa y abusa de su innegable poder para imponer sus demandas personales sobre ex parientes. El poder de la ley para las causas personales. Y los legisladores a todas luces obsecuentes al poder político del poderoso. Da una imagen lastimosa y decadente de un Poder Legislativo incapaz de fiscalizar al Fiscal. Más bien, se rinde ante sus pies. Una escena deplorable para un país que dice estar regido por la separación de los Poderes. Por lo menos, eso es lo que dice nuestra Constitución Política, la última vez que leí ese documento fundacional de nuestro sistema político.

Y ahí sigue el Caso del Siglo con la estelar presencia de Emilio Lozoya, ex director general de PEMEX quien prometió meter a la cárcel a ex senadores y ex candidatos presidenciales del PAN y del PRI. El único ingenuo que se presentó a una audiencia judicial fue el ex senador Jorge Luis Lavalle quien inmediatamente fue apresado y encarcelado, aún sin que Lozoya pudiera presentar datos y pruebas contundentes en su contra, más allá de dichos, sobre la entrega de sobornos para que actores votaran a favor de reformas constitucionales, mismas que, por cierto, siempre había apoyado sin haber recibido emolumento alguno. Pero, pues, el poder político decidió que debía permanecer encarcelado, al igual que Robles, hasta que concluya el sexenio. En varias ocasiones, al igual que en el caso Robles, jueces de circuito han confirmado que permanecerán en la cárcel, “porque sí”.

Lozoya, mientras tanto, ha acusado al ex candidato presidencial Ricardo Anaya de haber recibido sobornos a pesar de que, en los tiempos de la votación, ni siquiera era legislador. Pero, diría el juzgador, eso es una minucia dada “la gravedad de todo lo otro”. ¿Cuál otro? Nadie sabe.

Lozoya tampoco presenta pruebas de sus dichos contra Anaya, pero parece que la estrategia es denigrar la imagen pública del ex candidato. Por lo pronto no ha cometido la torpeza de aparecer en un juzgado del país. Sabe que será apresado de inmediato, aunque el juez carezca de pruebas. Eso de “pruebas de culpabilidad” en el actual sistema judicial mexicano es algo que sale sobrando. Con que el poder político diga “así es”, pues así será.

Quizá la tragedia mayor de nuestro Poder Judicial es la conducta mañosa, engañosa y sospechosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, destacadamente, de su Presidente Ministro. El tráfico de influencias de los políticos poderosos capaces de decidir por los ministros de la Corte está a plena vista del público. La falta de ética y credibilidad corroe la esencia del Pacto Constitucional que es la piedra angular de la existencia de la nación mexicana. Sin eso, no hay nada. Y los Ministros, empezando por el Ministro Presidente, han perdido la confianza de la sociedad, al ser vistos como traficantes de influencias en toda la extensión de la palabra. Cada votación ahora se analiza en términos de qué Ministro es influenciado por qué interés personal o de grupo.

Este listado de casos apenas roza la superficie de la cantidad de abusos cometidos por juzgadores a la hora de cobrar por los servicios prestados. Pero el problema no termina ahí. Resulta que la comunidad mundial observa con horror el uso y abuso que el poder político hace del Poder Judicial. Y esto es desde la Presidencia de la República hasta el último servidor público morenista del país. Es como si una bruma negra se hubiera apoderado del país, distorsionado las leyes para satisfacer la antropofagia del sistema político que se come a sí mismo.

México es miembro, otrora respetable y respetado, de la comunidad internacional y signatario del T-MEC, un acuerdo comercial que tiene exigencias estrictas con relación a la aplicación de la ley de forma equitativa entre los miembros y las empresas de los tres países. La espiral de deterioro del Estado de derecho en México pone en entredicho a todo el acuerdo signado por este gobierno y las relaciones económicas y financieras que se derivan de él. Sin leyes y juzgadores que se sujeten a las reglas legales establecidas, y no a las decisiones políticas perversas de odios ancestrales y egos fuera de control, la reputación de México en la comunidad de naciones se va a evaporar en un instante.

Si el poder político cree que el resto del mundo no ve ni juzga este deterioro de la situación del país, tanto en lo referente a la aplicación estricta del marco jurídico como en el efecto que la polarización tiene sobre la continuidad de un sistema político democrático, entonces ese poder político es, además de prepotente, ignorante y ciego. Porque todo el mundo nos ve, nos juzga y no gusta del rumbo que está tomando el país.

POR RICARDO PASCOE

ricardopascoe@gmail.com

@rpascoep

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