La relación entre los gobiernos de EU y México es buena, sin duda, pero vulnerable a vaivenes políticos en las dos naciones.
La administración de Andrés Manuel López Obrador ha procurado mantener una buena comunicación con la de su par Joe Biden, sobre todo en temas migratorios y en los planes para tratar de resolver problemas en los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).
Una buena parte de los conflictos que se avizoran, respecto a cuestiones vinculadas con el comercio bilateral y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), puede ser considerada como una cuestión de interpretaciones legales y trabajo de abogados.
El gobierno mexicano ha tratado de presentar su, por ahora, intento de fortalecer la participación nacional en la industria eléctrica como una causa nacionalista comparable a la expropiación petrolera de 1938.
El estadounidense, por su parte, ha adoptado una posición cautelosa, pero expresado sus preocupaciones y su intención de defender los intereses de los inversionistas de su país.
El gobierno de Biden ha sido cuidadoso en la comunicación bilateral y evitado que la evidente irritación de grupos de sociedad civil, organismos no-gubernamentales e inversionistas preocupados se convierta en un factor dominante en su política hacia México.
Los temas de seguridad son una constante de la relación y a veces crean problemas de otra índole, como la suspensión de importaciones de aguacate por amenazas contra un inspector estadounidense en Michoacán.
Para complicar las cosas, los planes energéticos mexicanos –que incluyen el uso de petróleo y carbón– están en ruta de colisión con propuestas de energía limpia estadounidenses y por supuesto, en alguna medida, con lo convenido en el T-MEC.
Las negociaciones son seguidas atentamente por otros países que tienen inversiones en la industria energética mexicana, incluso Japón, Italia, España, y ese sentido, la Unión Europea, así como en intereses mineros importantes, como Canadá y China.
Una disputa sobre el contenido de origen de automóviles está en marcha en el marco del T-MEC.
Ese es un panorama difícil, complicado incluso, pero no necesariamente negativo y en cierta medida a la par de una relación de vecindad que es desafiante por definición.
Pero la relación del gobierno mexicano con la sociedad estadounidense no es exactamente buena. De hecho, podría decirse que tiene pocos aliados entre grupos de derechos humanos, defensores de derechos civiles, centros académicos y de análisis político y económico, y por supuesto, en la comunidad de negocios.
La cercanía de las elecciones legislativas estadounidenses, donde se espera que los republicanos enfoquen parte de sus campañas en los problemas fronterizos, especialmente migración y drogas, harán poco por relaciones más armónicas.
Y eso, sin contar lo que se haga o diga en México.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
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