Desdén absoluto hay en el Senado y el gobierno en torno a los organismos autónomos, cuyos pendientes, si bien les va, aparecen en el último lugar de sus prioridades y, en el peor de los casos, les da lo mismo si dejan de existir, como ocurre con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), donde falta nombrar a su presidente y a tres comisionados.
El organismo está en la lista de las instituciones mal vistas por la 4T, junto con el INE y el INAI, porque consideran desde Palacio Nacional que sus tareas son prescindibles y sólo engordan a la burocracia.
Lo cierto es que parece que los desdeñan más por ignorancia, por desconocimiento de sus funciones y porque la agenda de AMLO y de Morena está en otros temas.
La carrera por la Presidencia, disputas partidistas, pleitos derivados del nombramiento de embajadores y ahora la polémica por la Casa Gris o la Mansión del Bienestar, los tienen más ocupados. No atienden lo realmente prioritario para el país. Al IFT lo tienen en el rincón de la ignominia. Le redujeron su presupuesto y desde 2020 no han designado a su presidente, ni a los sustitutos de tres comisionados.
¿Qué es y para qué sirve el IFT? Es el organismo encargado de arbitrar y regular el mercado de las telecomunicaciones, incluidos los servicios de datos, internet y telefonía, así como lo vinculado con la industria de la radio y Tv, en temas de competencia y concesiones. En 2013 se aprobó su creación para beneficio de los consumidores.
Logró ampliar la oferta de compañías que ofrecen servicios de telefonía e internet; pudieron reducir tarifas para ambos y fue posible la portabilidad de las líneas telefónicas. Además, el organismo determina cuando una empresa incurre en prácticas monopólicas e interviene.
Sin embargo, a pesar de tener la facultad para tomar decisiones importantes, desde hace años hay temas que el IFT no puede votar porque su pleno está incompleto. Entre sus pendientes, el fallo sobre la renovación de concesiones de radio y la Tv, litigar un amparo con lineamientos sobre las audiencias y, lo más relevante, desahogar en la Corte lo relacionado con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
Y es que el IFT se amparó contra la orden del gobierno de elaborar el Panaut, con los datos biométricos de 120 millones de usuarios de telefonía, para usarlos en investigaciones judiciales.
En mayo de 2021 se desató la controversia, por lo que en octubre la Corte le otorgó una suspensión provisional, pero dio de plazo un año para que el padrón pueda implementarse (sin presupuesto), no sin antes discutir si es constitucional su puesta en marcha.
Esto sigue pendiente porque no está en la agenda del Senado ni de AMLO, a pesar de que la creación del Panaut fue una ocurrencia, perdón, una iniciativa de Mario Delgado.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Siempre que pierdo de vista algo importante, ese algo resulta ser lo más importante”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
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@ALFREDOLEZ
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